Activistas de Greenpeace en la última reunión para la ratificación de la ORP en Santiago - Hotel W

Foto: Greenpeace/Lorenzo Moscia

Este lunes (26 de marzo), los representantes de la pesca industrial acudieron a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en busca de impedir que Chile se haga parte de la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar, en el Océano Pacífico Sur [ORP-PS].

El convenio internacional, surgido en Auckland el año 2009 con la especial participación y preocupación de Chile, fue empujado por la industria pesquera nacional que quería apropiarse del recurso jurel. El convenio no sólo busca la protección de la especie, sino que regular la sobreexplotación pesquera y proteger los recursos marinos en la zona de alta mar del Pacífico Sur, fuera de las 200 millas.

Pasados apenas tres años, y con una frescura total, la industria chilena se presenta ante el Congreso con una espectacular vuelta de chaqueta: ahora exigen que no se ratifique un convenio que ellos mismos empujaron. Su posición actual se explica por su voluntad de esconder la responsabilidad que les cabe en la tragedia actual: luego de haber tenido un 80% de participación en la pesquería del jurel en aguas internacionales e nacionales, la especie se encuentra en su nivel más bajo histórico.

La industria chilena argumenta pidiendo garantías, pero no dice que piden que prácticamente se elimine a sus competidores en aguas internacionales. Se lamentan de no tener aliados, pero esto se debe a que los demás países no tienen necesidad de hacer suya esa intención. Por último, dice que no  se respetan las medidas, pero eso sería mirar la paja en el ojo ajeno: el Consejo Nacional de Pesca chileno, presionado por la industria, adoptó una cuota por sobre lo recomendado y no respetó las medidas comprometidas para el año 2012.

Los pesqueros industriales, por alguna razón muy seguros de convencer a los congresistas, señalaron sueltos de cuerpo que Perú y Ecuador -países que también pescaron por sobre lo recomendado por el Comité Científico de la Convención el año 2011- son los culpables de la debacle del jurel. Esta verdad esconde una verdad mucho mayor: Chile sobreexplotó la especie hasta el cansancio, y dichos países luego la remataron. Los industriales pesqueros han gozado de una débil institucionalidad que les permitió imponer cuotas por sobre los niveles sustentables.

Vemos acá una orquestada maniobra para desacreditar a la Convención y al rol de la Subsecretaría de Pesca que busca, en este caso, asegurar la entrada en vigencia de la única herramienta internacional para el cuidado del jurel.

Lo que el Gobierno intenta es, justamente, tener un cuerpo legal internacional que permita mayores controles sobre los que incumplen las medidas de conservación en sus aguas. No hemos visto ninguna otra propuesta para detener la sobreexplotación del jurel por parte de la industria nacional.

En resumen, ronda en el Congreso un depredador disfrazado. Su afán es empujar a los parlamentarios a que rechacen la única opción a la mano de recuperar la que fue la principal pesquería chilena. En su afán por perpetuar su codicia pretende comprometer la imagen, seriedad y prestigio de Chile en asuntos internacionales, despropósito que evidentemente no debe ser tolerado.


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