Activistas de Greenpeace en las puertas de la embajada de Japón, con un banner que dice "Activismo no es un crimen"
Junichi Sato y Toru Suzuki han sido hoy condenados por robo y allanamiento después de haber realizado una investigación en la que se denunciaba la malversación de fondos públicos. Durante esta investigación los dos activistas interceptaron como prueba numerosas cajas que provenían del barco ballenero Nisshin Maru y que contenían carne de ballena destinadas al comercio privado, iniciativa que está penalizada por la regulación del programa de “caza científica”.
“Aunque el Tribunal reconoce que existen prácticas cuestionables dentro de la industria ballenera, no se reconoce el derecho a denunciarlas, como así garantiza el derecho internacional” ha declarado Junichi Sato. “El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, sobre los que nuestra defensa se ha basado, está por encima de la legislación penal japonesa pero en el procedimiento judicial no se ha tenido muy en cuenta”, puntualizó Sato a la salida del tribunal.
“Esta sentencia es totalmente desproporcionada e inmerecida, quisimos revelar la verdad sobre el programa japonés de caza de ballenas y a cambio hemos sido castigados, mientras que los criminales responsables del uso incorrecto de los fondos públicos se pasean libres por la calle”, afirmó Toru Suzuki, el otro implicado en la investigación.
Después de su arresto en junio de 2008, Sato y Suzuki fueron retenidos durante 26 días, decisión que fue criticada por el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (1) ya que vulneraba sus derechos fundamentales y estaba políticamente motivada. A continuación se inició un proceso judicial que ha durado dos años, durante los cuales los oficiales y la tripulación de la compañía ballenera se han contradicho en declaraciones cruzadas sobre las pruebas existentes sobre la malversación de fondos.
Al comentar el caso, el experto internacional en derecho, y testigo de la defensa en el caso, el Profesor Dirk Voorhoof ha declarado: “El caso de los dos activistas ya ha constituido una violación de sus derechos por la forma que han sido tratados al ser arrestados durante 26 días. Si bien la libertad condicional es preferible al encarcelamiento directo, sigue constituyendo un fracaso más en el respeto a los derechos de los dos activistas que nunca debieron ser arrestados y acusados. También supone un desaliento para que en el futuro organizaciones y periodistas investiguen las malas praxis de las autoridades”.
El caso de Sato y Suzuki ha generado interés internacional, desde figuras políticas, como el premio Nobel Desmond Tutu, hasta grupos de defensa de los derechos humanos y expertos legales (2). Durante una visita a Japón del Comisario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, expresó su preocupación por el caso, particularmente por la vulneración de los derechos humanos, derechos de libertad de expresión y asociación. Enfatizó además la función tan importante que realizan las ONG en la sociedad y cómo su trabajo debe ser respetado.
En Chile, activistas de Greenpeace entregaron una carta al embajador de Japón en Chile y al ministerio de Justicia Chileno, con el objetivo de denunciar las prácticas en contra de los derechos humanos.
Para Samuel Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace Chile, “Esta sentencia es un grave precedente para las denuncias de corrupción, y desalienta al rol de la ciudadanía de fiscalizar las malas prácticas al interior de los gobiernos”.
(1) En marzo de 2009, Amnistía Internacional presentó una queja al Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unida sobre el tratamiento que se estaba dando a Sato y a Suzuki. Este Grupo de Trabajo interpeló al Gobierno de Japón para que explicase sus actos, sin embargo, las autoridades limitaron su respuesta a dar una explicación sobre el sistema judicial japonés y reclamar, sin ninguna explicación sustancial, que la “fuente de información” era de facto incorrecta. El Grupo de Trabajo mostró su desacuerdo, declarando que las autoridades japonesas habían infringido los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Cívicos. También expresaron su preocupación por la falta de respeto de los artículos 2, 10 y 14, relativos a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Dictamen completo (en inglés) disponible en: http://www.greenpeace.org/tokyo-two/wgad-opinion
(2) Declaración de diversas ONG y letrados sobre la preocupación internacional sobre este caso (en inglés): http://www.greenpeace.org/international/t2-statement-of-concern/
En enero de 2008, Greenpeace comenzó una investigación sobre una información que apuntaba al contrabando de carne de ballena de la tripulación que trabajaba para el programa ballenero nipón, de caza científica de ballenas. El informante había trabajado previamente en las campañas de caza de ballenas, y siguiendo su consejo Junichi Sato y Toru Suzuki comenzaron la investigación, descubriendo finalmente la prueba firme de que cajas de cartón que contenían carne de ballena estaban secretamente, siendo enviadas a los domicilios de las familias de la tripulación y luego vendidas para beneficio personal. Junichi envió una de estas cajas con carne de ballena a la oficina de la Fiscalía de Tokio en mayo de 2008, y a su vez presentó una denuncia por malversación de fondos. Sin embargo, la investigación sobre la malversación de fondos fue abandonada el 20 de junio, el mismo día en el que Sato y Suzuki fueron arrestados y retenidos durante 26 días, 23 de ellos sin cargo alguno.