Prensa - 20 marzo, 2009
El año pasado, los activistas de Greenpeace Junichi Sato y Toru Suzuki, interceptaron carne de ballena robada por la tripulación del barco ballenero Nisshin Maru. Su denuncia sobre la corrupción existente dentro del programa de caza ballenera en mayo de 2008 hizo que permanecieran arrestados durante 26 días sin cargos.
Activistas de Greenpeace entregaron una carta en las puertas de la embajada de Japón en Santiago de Chile denunciando la censura de ese gobierno.
Esta mañana, activistas de Greenpeace entregaron una carta en las puertas de la embajada de Japón en Santiago de Chile denunciando la censura de ese gobierno y haciendo un llamado a entregar, mediante una petición vía la Agencia de Pesca de Japón, las copias integras de documentos de ventas de carne de ballena obtenidos por Greenpeace en 2008.
Los documentos supuestamente detallan las ventas de carne de ballena así como contratos entre la Agencia de Pesca de Japón y el Instituto de Investigación de Cetáceo (ICR). Sin embargo, lo que la Agencia de Pesca de Japón entregó el 19 de enero este año, fue tan censurado que casi cada línea fue oscurecida, tornando sin valor a los documentos.
"Estos documentos censurados representan el nivel del secreto que rodea al programa financiado por el gobierno sobre caza de ballenas," dijo Jun Hoshikawa, Director Ejecutivo de Greenpeace Japón. "Este hecho simboliza el consentimiento de la Agencia de Pesca de Japón, para violar su propia promesa de transparencia y responsabilidad".
La petición en contra de la censura de Greenpeace, co-firmada por Shokichi Kina, un miembro de la cámara alta del Partido demócrata de Japón, está preparada para la próxima etapa de su caso del tribunal en Aomori. Los dos activistas japoneses Junichi Sato y Toru Suzuki están en juicio por ejercitar su deber como a ciudadanos y exponer la maldad dentro de una asociación pública.
A pesar de la crisis económica actual - la peor en un siglo en Japón - la Agencia de Pesca de Japón, continúa subvencionando las llamadas expediciones científicas de cacería ilegal de ballenas del ICR al sur de Santuario Ballenero Austral gastando ¥500 millones de yenes (US$ 5 millones) en un año. Los contribuyentes tienen que pagar la cuenta por esta empresa poco rentable, pero el FAJ ha negado al público el derecho a saber cómo su dinero es gastado.
La verdad sin censura de este programa de cacería de ballenas financiado por los contribuyente, está científicamente quebrado, es ecológicamente y económicamente insostenible, y es innecesario para todos fuera de la industria de cacería de ballenas y un puñado de burócratas.
"Exigimos al gobierno de Japón que deje de proteger a los reales culpables y que deje libre a nuestros compañeros la próxima semana en el comienzo del Juicio en su contra en Aomori", señalo Samuel Leiva Coordinador de Campaña Océanos de Greenpeace Chile.