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Gasolinera

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Una vez que las negociaciones para una legislación europea que limite de forma obligatoria las emisiones de GEI de los automóviles vendidos en la UE han llegado a su fin, dejando un texto muy poco ambicioso es necesario buscar otras medidas para obtener una mayor eficiencia en el transporte y menores emisiones. Las otras opciones deberían buscarse en la fiscalidad relativa a los vehículos y a la introducción del concepto de quien contamina paga en el transporte. Además, como el objetivo para 2020 de la legislación europea para la limitación de las emisiones de CO2 de los automóviles se revisará en 2014, se deberá empezar a preparar la base social y la opinión pública para ese año para intentar evitar que llegada al revisión, el objetivo se vuelva a rebajar o retrasar.

CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace, ICV y WWF, con el apoyo técnico-jurídico de Ignasi Puig, hemos presentado una Proposición de Ley de Fiscalidad Ambiental.

Esta Ley tiene el objetivo de introducir diversas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento estatal, introduciendo, por un lado, reformas ambientales en tributos ya existentes, y creando, por otro lado, nuevos tributos que graven ciertas prácticas ambientalmente perjudiciales. Se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. Globalmente se pretende una internalización de costes ambientales por parte de sus responsables que contribuya a una mejora ambiental y, a la vez, a una asignación económica más eficiente de los recursos. Esta Proposición de Ley no tiene como efecto un incremento global de la recaudación. Las reformas que se plantean podrían tener una incidencia global neutra sobre la recaudación. No se persigue incidir sobre la recaudación total obtenida, sino sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible.