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En esta región amazónica operan seis compañías madereras que han sido multadas en numerosas ocasiones (el caso más grave recibió dos multas de cerca de un millón de dólares en el 2007), tienen planes de gestión forestal cancelados, están acusadas de actividades ilegales relacionadas con su actividad maderera (incumplimiento de leyes, falsificación de documentos y blanqueo de madera), el robo de tierras y la tala en tierras públicas y tramitación de madera ilegal procedente de la deforestación. Algunas de estas compañías han sido incluso acusadas de estar involucradas en violencia e intimidación, incluyendo amenazas de muerte y corrupción.
Estas seis empresas vinculadas con la tala ilegal son habituales proveedoras de madera tropical al mercado español y están asentadas en el estado brasileño de Pará, de donde procede más del 86% de la madera tropical importada por el sector español de la madera.
La demanda de madera tropical de especies como jatoba, ipé, sucupira o massaranduba está alimentando la destrucción de la Amazonia, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y al incremento del cambio climático. Estas maderas las tenemos en nuestras casas en forma de tarima de parquet o en los bancos públicos de los parques.
