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En Brasil, por ejemplo, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente estima que el 80% de la explotación forestal en la Amazonia Brasileña, es ilegal. En Camerún, el 50% de la explotación forestal es ilegal. En 1997, la mayoría de las empresas madereras de Camerún estaban implicadas en talas ilegales. En Liberia existe una relación muy estrecha entre la industria maderera y el tráfico de armas, abuso de los derechos humanos y conflictos regionales. En Indonesia, en los años 90 se estimó que el 73% de la explotación forestal era ilegal. Las pérdidas económicas motivadas por esta explotación ilegal, fueron valoradas a mediados de los 90 en 600 millones de dólares americanos al año, con una estimación de 15 millones de m3 de madera talada ilegalmente.
El consumo de madera ilegal en España
Según estimaciones de Greenpeace España, el estado español importó en 2001 más de 860.000 metros cúbicos de madera en rollo equivalente (RWE) que han sido talados de manera ilegal, procedente principalmente de Brasil, Camerún y Rusia. Esto supone algo más del 10% del total de las importaciones.
Además, el 0,8% de las importaciones es considerada “madera de la guerra”, procedente de países envueltos en conflictos bélicos y donde los ingresos son utilizados para financiar la inseguridad y perpetuar los conflictos.
El proceso FLEGT: La Unión Europea debate el control de las importaciones de madera ilegal
Las dimensiones del problema de la tala ilegal y su comercio derivado movieron a la Comisión Europea a organizar en abril de 2002 un taller sobre cumplimiento de la legislación forestal, gobernanza y comercio (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT). En su comunicado al Consejo y al Parlamento Europeo el 13 de Febrero de 2002, la Comisión declaró que la Unión europea “desarrollaría un plan de acción para finales del año 2002 sobre el cumplimiento de la ley forestal, gobernanza y comercio y para fortalecer la cooperación internacional para abordar las violaciones de la ley forestal y los crímenes forestales”.
Como resultado de meses de debate, la Comisión Europea presentó en mayo de 2003 un Plan de Acción para combatir la tala ilegal y el comercio de madera ilegal. El plan ha pasado ya por debates y aportaciones de grupos de trabajo, embajadores en la UE y diversos consejos de ministros.
Pero Greenpeace defiende un plan decidido no basado en medidas únicamente voluntarias y de “buenas prácticas”. Greenpeace ha pedido a los países miembros que:
1. La Unión Europea redacte una nueva legislación que prohíba las importaciones de madera y productos de madera procedentes de la tala ilegal.
2. Los Gobiernos Europeos y la UE consuman, en sus obras, suministros y servicios solamente productos procedentes de la gestión sostenible, excluyendo aquellos de origen ilegal.
3. Se establezcan criterios sociales y ambientales mínimos y comunes para la financiación de proyectos por parte de la Unión Europea, para evitar la financiación de actividades que destruyan los bosques.
4. Que se promueva la asistencia técnica a los países productores para establecer sistemas de verificación de la legalidad, reformas en el sector forestal y posible legislación forestal.
Adjudicaciones públicas y madera ilegal
Según estimaciones de la Unión Europea, el gasto que se realiza desde la administración local, regional, nacional y europea en suministros, obras y servicios se acerca al 14% del PIB de la Unión Europea – equivalente a más de la mitad del presupuesto de Alemania. En España, el sector público compra bienes y servicios por un importe de más de 66.000 millones de euros al año. Un 60% de este gasto corresponde a los entes locales.
Las obras, suministros y servicios contratados por la Administración están siendo ya un instrumento importante para crear un mercado viable de productos respetuosos con el medio ambiente. El gran volumen de artículos comprados (por ejemplo. suministros de material de oficina) o las obras contratadas animan a los proveedores, productores o contratistas a elaborar productos respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así el impacto medioambiental de ciertos artículos o procesos productivos.
Si se aplican políticas de adjudicaciones ecológicas pueden conseguirse algunos objetivos ambientales como promover el uso de energías renovables, retirar el uso del PVC, consumir racionalmente los recursos hídricos, reducir las emisiones de CO2, o prohibir la madera proveniente de talas ilegales y/o destructivas.
Los criterios habituales de adjudicación pública son el precio más bajo o el “más ventajoso económicamente”. Pero generalmente, aunque no siempre, los productos respetuosos con el medio ambiente cuestan más. Pero el término “económicamente” debe ser interpretado en un sentido amplio, para incluir todos los costes del ciclo vital de cada producto o servicio, e internalizar los costes ambientales. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que el reciclaje tiene consecuencias económicas positivas para la gestión de los residuos, reduciendo los costes; y que la eficiencia energética supone un ahorro importante para el país; o que la madera ilegal está causando pérdidas económicas en los países productores de materias primas.Es decir, la expresión “más ventajoso económicamente” debe ser interpretada desde la filosofía de “ventajoso desde el punto de vista de la sostenibilidad”.
Sin duda, si la UE adopta prohibe las importaciones de madera ilegal y adopta una política de adjudicaciones públicas que demanden madera y productos derivados certificados o, el menos, producidos de manera legal, los países productores y con problemas graves de ilegalidad en el sector forestal estarán recibiendo un importante mensaje para mejorar la gestión forestal de sus bosques.
El consumo de madera ilegal en España
Según estimaciones de Greenpeace España, el estado español importó en 2001 más de 860.000 metros cúbicos de madera en rollo equivalente (RWE) que han sido talados de manera ilegal, procedente principalmente de Brasil, Camerún y Rusia. Esto supone algo más del 10% del total de las importaciones.
Además, el 0,8% de las importaciones es considerada “madera de la guerra”, procedente de países envueltos en conflictos bélicos y donde los ingresos son utilizados para financiar la inseguridad y perpetuar los conflictos.
El proceso FLEGT: La Unión Europea debate el control de las importaciones de madera ilegal
Las dimensiones del problema de la tala ilegal y su comercio derivado movieron a la Comisión Europea a organizar en abril de 2002 un taller sobre cumplimiento de la legislación forestal, gobernanza y comercio (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT). En su comunicado al Consejo y al Parlamento Europeo el 13 de Febrero de 2002, la Comisión declaró que la Unión europea “desarrollaría un plan de acción para finales del año 2002 sobre el cumplimiento de la ley forestal, gobernanza y comercio y para fortalecer la cooperación internacional para abordar las violaciones de la ley forestal y los crímenes forestales”.
Como resultado de meses de debate, la Comisión Europea presentó en mayo de 2003 un Plan de Acción para combatir la tala ilegal y el comercio de madera ilegal. El plan ha pasado ya por debates y aportaciones de grupos de trabajo, embajadores en la UE y diversos consejos de ministros.
Pero Greenpeace defiende un plan decidido no basado en medidas únicamente voluntarias y de “buenas prácticas”. Greenpeace ha pedido a los países miembros que:
1. La Unión Europea redacte una nueva legislación que prohíba las importaciones de madera y productos de madera procedentes de la tala ilegal.
2. Los Gobiernos Europeos y la UE consuman, en sus obras, suministros y servicios solamente productos procedentes de la gestión sostenible, excluyendo aquellos de origen ilegal.
3. Se establezcan criterios sociales y ambientales mínimos y comunes para la financiación de proyectos por parte de la Unión Europea, para evitar la financiación de actividades que destruyan los bosques.
4. Que se promueva la asistencia técnica a los países productores para establecer sistemas de verificación de la legalidad, reformas en el sector forestal y posible legislación forestal.
Adjudicaciones públicas y madera ilegal
Según estimaciones de la Unión Europea, el gasto que se realiza desde la administración local, regional, nacional y europea en suministros, obras y servicios se acerca al 14% del PIB de la Unión Europea – equivalente a más de la mitad del presupuesto de Alemania. En España, el sector público compra bienes y servicios por un importe de más de 66.000 millones de euros al año. Un 60% de este gasto corresponde a los entes locales.
Las obras, suministros y servicios contratados por la Administración están siendo ya un instrumento importante para crear un mercado viable de productos respetuosos con el medio ambiente. El gran volumen de artículos comprados (por ejemplo. suministros de material de oficina) o las obras contratadas animan a los proveedores, productores o contratistas a elaborar productos respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así el impacto medioambiental de ciertos artículos o procesos productivos.
Si se aplican políticas de adjudicaciones ecológicas pueden conseguirse algunos objetivos ambientales como promover el uso de energías renovables, retirar el uso del PVC, consumir racionalmente los recursos hídricos, reducir las emisiones de CO2, o prohibir la madera proveniente de talas ilegales y/o destructivas.
Los criterios habituales de adjudicación pública son el precio más bajo o el “más ventajoso económicamente”. Pero generalmente, aunque no siempre, los productos respetuosos con el medio ambiente cuestan más. Pero el término “económicamente” debe ser interpretado en un sentido amplio, para incluir todos los costes del ciclo vital de cada producto o servicio, e internalizar los costes ambientales. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que el reciclaje tiene consecuencias económicas positivas para la gestión de los residuos, reduciendo los costes; y que la eficiencia energética supone un ahorro importante para el país; o que la madera ilegal está causando pérdidas económicas en los países productores de materias primas.Es decir, la expresión “más ventajoso económicamente” debe ser interpretada desde la filosofía de “ventajoso desde el punto de vista de la sostenibilidad”.
Sin duda, si la UE adopta prohibe las importaciones de madera ilegal y adopta una política de adjudicaciones públicas que demanden madera y productos derivados certificados o, el menos, producidos de manera legal, los países productores y con problemas graves de ilegalidad en el sector forestal estarán recibiendo un importante mensaje para mejorar la gestión forestal de sus bosques.