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Municipios con "Agendas 21" y Comunidades Autónomas con políticas de adjudicaciones públicas ecológicas (compras verdes) empiezan a generar un movimiento del sector hacia las fuentes de madera certificada.
Las adquisiciones hechas por organismos públicos son un instrumento importante para crear un mercado viable de productos respetuosos con el medio ambiente. El gran volumen de artículos comprados puede animar a los proveedores y productores a elaborar productos respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así el impacto medioambiental de ciertos artículos.
Para los objetivos de frenar la deforestación y conseguir mejoras en la gestión forestal, las adquisiciones públicas que favorezcan el consumo de madera certificada son vitales para reducir y detener las importaciones de madera procedente de talas ilegales o de una gestión insostenible de los bosques.
Madera ilegal en las obras de las administraciones públicas
En 2006, las autoridades europeas reconocieron que en la rehabilitación del edificio Berlaymont, sede del Ejecutivo comunitario, se utilizó madera ilegal procedente de Indonesia en el revestimiento del suelo del décimotercer piso, donde se encuentra el despacho de José Manuel Durao Barroso, tal y como denunció la organización ecologista Greenpeace en 2004.
Aunque, según las autoridades europeas de Bruselas se aplican en sus contratos una "estricta" reglamentación que exige a los proveedores garantizar que la madera usada no procede de bosques donde la tala es ilegal, el contratante encargado de proporcionar este material reconoció su infracción y fue multado por ello a pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de retirar.
En octubre de 2005, Greenpeace denunció ante la Fiscalía de Madrid que las obras de ampliación del Museo Reina Sofia habían producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña, hechos susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en el código penal español. Greenpeace expuso con una acción directa que la procedencia de la madera de jatoba utilizada en el Museo Reina Sofía en las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y oficinas, así como paredes y falsos techos, procede de empresas brasileñas con una amplio historial delictivo y multadas por las autoridades brasileñas por talar, transportar y procesar madera incumpliendo la ley.
Pese a la amplia documentación aportada por Greenpeace y la mención a los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno español, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra comunicó en marzo de 2006 el archivo de las actuaciones, calificando la actitud de los implicados como “imprudente”. Según el texto de la Fiscalía, los tribunales españoles carecen de jurisdicción para el encausar conductas de tala ilegal practicada por ciudadanos de nacionalidad brasileña.
En una situación similar, en febrero de 2006 el Grup Balear de Ornitología (GOB) y Greenpeace denunciaron ante la fiscalía de medio ambiente de Baleares que en las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca se incluyó entre los materiales madera de Ipé, madera procedente de la Amazonia, vendida en Brasil por una empresa maderera del Estado de Pará multada cuatro veces en el periodo 2002-2004 por extracción, transporte y procesamiento de madera fuera de la ley. La madera de ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7 meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la falsedad de los títulos de tierras. Con estos antecedentes es fácil era fácil adivinar que la madera no procedía de la legalidad. El Fiscal Coordinador de Medio Ambiente de las Islas Baleares archivó la denuncia al no quedar acreditado, según la Fiscalía, la existencia de infracción penal.
Las cosas podrían cambiar a mejor si se aplicara la nueva Ley de Montes, que en su reciente modificación ha incluido un artículo sobre compra responsable de productos forestales en la que insta a las Administraciones públicas a evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales mediante procedimientos de contratación pública que tengan en cuenta criterios ambientales.
Empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP)
Una reciente investigación de Greenpeace sobre la presencia en el mercado español de productos papeleros procedentes de la tala ilegal de los bosques de Indonesia ha revelado que papeles fabricados por la empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) está siendo importados y distribuidos en España. APP acumula acusaciones de devastación medioambiental, constantes abusos contra las comunidades que habitan sus zonas de explotación, desprecio a la legislación y sobornos y presiones a funcionarios del Gobierno.
Pese a este curriculum, Greenpeace ha encontrado que Administraciones públicas de todo el Estado español, en Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y País Vasco, utilizan como contratista habitual a las empresas distribuidoras del papel de APP. Más aún, Greenpeace ha encontrado papel de APP en las oficinas de la Consejería de Justicia en Granada.
Ejemplos de compromiso ambiental
El ayuntamiento del Prat del Llobregat (Barcelona), por ejemplo, ha asumido desde 1996 una política municipal comprometida claramente con los acuerdos de la Cumbre de Río (con Agenda 21 incluida) y exige en los pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de productos (mobiliario urbano, por ejemplo) que la madera tenga un certificado forestal emitido por una organización independiente. Este ayuntamiento fue el primero, pero Barcelona, Reus, Sant Boi del Llobregat, Espluges, Sagunto etc. han seguido este ejemplo.
El Parlament de Catalunya, la Asamblea de Madrid o las Cortes Valencianas han aprobado proposiciones no de ley para la promoción del consumo de madera certificada. El mismo ayuntamiento de Madrid, emitió el 28 de septiembre de 2003 un comunicado de prensa con el título "El ayuntamiento apuesta por una gestión forestal sostenible". Córdoba, Calviá y Artá (Mallorca) son otros municipios que se están planteando las compras verdes ecológicas.
En el 2007, Greenpeace felicitó al Ministerio por la decisión de emplear madera certificada FSC en los 22.000 metros cuadrados de ampliación del Museo del Prado, siendo la primera obra pública que ha atendido a verdaderos criterios de sostenibilidad en la adquisición de madera.
Las adquisiciones hechas por organismos públicos son un instrumento importante para crear un mercado viable de productos respetuosos con el medio ambiente. El gran volumen de artículos comprados puede animar a los proveedores y productores a elaborar productos respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así el impacto medioambiental de ciertos artículos.
Para los objetivos de frenar la deforestación y conseguir mejoras en la gestión forestal, las adquisiciones públicas que favorezcan el consumo de madera certificada son vitales para reducir y detener las importaciones de madera procedente de talas ilegales o de una gestión insostenible de los bosques.
Madera ilegal en las obras de las administraciones públicas
En 2006, las autoridades europeas reconocieron que en la rehabilitación del edificio Berlaymont, sede del Ejecutivo comunitario, se utilizó madera ilegal procedente de Indonesia en el revestimiento del suelo del décimotercer piso, donde se encuentra el despacho de José Manuel Durao Barroso, tal y como denunció la organización ecologista Greenpeace en 2004.
Aunque, según las autoridades europeas de Bruselas se aplican en sus contratos una "estricta" reglamentación que exige a los proveedores garantizar que la madera usada no procede de bosques donde la tala es ilegal, el contratante encargado de proporcionar este material reconoció su infracción y fue multado por ello a pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de retirar.
En octubre de 2005, Greenpeace denunció ante la Fiscalía de Madrid que las obras de ampliación del Museo Reina Sofia habían producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña, hechos susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en el código penal español. Greenpeace expuso con una acción directa que la procedencia de la madera de jatoba utilizada en el Museo Reina Sofía en las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y oficinas, así como paredes y falsos techos, procede de empresas brasileñas con una amplio historial delictivo y multadas por las autoridades brasileñas por talar, transportar y procesar madera incumpliendo la ley.
Pese a la amplia documentación aportada por Greenpeace y la mención a los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno español, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra comunicó en marzo de 2006 el archivo de las actuaciones, calificando la actitud de los implicados como “imprudente”. Según el texto de la Fiscalía, los tribunales españoles carecen de jurisdicción para el encausar conductas de tala ilegal practicada por ciudadanos de nacionalidad brasileña.
En una situación similar, en febrero de 2006 el Grup Balear de Ornitología (GOB) y Greenpeace denunciaron ante la fiscalía de medio ambiente de Baleares que en las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca se incluyó entre los materiales madera de Ipé, madera procedente de la Amazonia, vendida en Brasil por una empresa maderera del Estado de Pará multada cuatro veces en el periodo 2002-2004 por extracción, transporte y procesamiento de madera fuera de la ley. La madera de ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7 meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la falsedad de los títulos de tierras. Con estos antecedentes es fácil era fácil adivinar que la madera no procedía de la legalidad. El Fiscal Coordinador de Medio Ambiente de las Islas Baleares archivó la denuncia al no quedar acreditado, según la Fiscalía, la existencia de infracción penal.
Las cosas podrían cambiar a mejor si se aplicara la nueva Ley de Montes, que en su reciente modificación ha incluido un artículo sobre compra responsable de productos forestales en la que insta a las Administraciones públicas a evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales mediante procedimientos de contratación pública que tengan en cuenta criterios ambientales.
Empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP)
Una reciente investigación de Greenpeace sobre la presencia en el mercado español de productos papeleros procedentes de la tala ilegal de los bosques de Indonesia ha revelado que papeles fabricados por la empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) está siendo importados y distribuidos en España. APP acumula acusaciones de devastación medioambiental, constantes abusos contra las comunidades que habitan sus zonas de explotación, desprecio a la legislación y sobornos y presiones a funcionarios del Gobierno.
Pese a este curriculum, Greenpeace ha encontrado que Administraciones públicas de todo el Estado español, en Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y País Vasco, utilizan como contratista habitual a las empresas distribuidoras del papel de APP. Más aún, Greenpeace ha encontrado papel de APP en las oficinas de la Consejería de Justicia en Granada.
Ejemplos de compromiso ambiental
El ayuntamiento del Prat del Llobregat (Barcelona), por ejemplo, ha asumido desde 1996 una política municipal comprometida claramente con los acuerdos de la Cumbre de Río (con Agenda 21 incluida) y exige en los pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de productos (mobiliario urbano, por ejemplo) que la madera tenga un certificado forestal emitido por una organización independiente. Este ayuntamiento fue el primero, pero Barcelona, Reus, Sant Boi del Llobregat, Espluges, Sagunto etc. han seguido este ejemplo.
El Parlament de Catalunya, la Asamblea de Madrid o las Cortes Valencianas han aprobado proposiciones no de ley para la promoción del consumo de madera certificada. El mismo ayuntamiento de Madrid, emitió el 28 de septiembre de 2003 un comunicado de prensa con el título "El ayuntamiento apuesta por una gestión forestal sostenible". Córdoba, Calviá y Artá (Mallorca) son otros municipios que se están planteando las compras verdes ecológicas.
En el 2007, Greenpeace felicitó al Ministerio por la decisión de emplear madera certificada FSC en los 22.000 metros cuadrados de ampliación del Museo del Prado, siendo la primera obra pública que ha atendido a verdaderos criterios de sostenibilidad en la adquisición de madera.