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Los vertidos en nuestra costa siguen contaminando el medio marino. Así lo demuestran los procedimientos de infracción emprendidos por las diferentes comunidades autónomas con litoral.
La directiva europea 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas señala en su artículo 4.1 que los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, en las siguientes circunstancias: a más tardar, el 31 de diciembre de 2000 para todos los vertidos procedentes de poblaciones con más de 15.000 habitantes; a más tardar, el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos procedentes de poblaciones entre 10.000 y 15.000 habitantes y a más tardar el 31 de diciembre de 2005 para los vertidos en aguas dulces o estuarios que procedan de poblaciones que tengan entre 2.000 y 10.000 habitantes. España fue denunciada por la Unión Europea por la aplicación incorrecta de esta directiva el 23/10/2001 (número de causa C-419/01). A finales del año 2000, todavía 30 municipios españoles incumplían esta normativa.
La Unión Europea, a través de la Comisión de Medio Ambiente, decidió el verano pasado llevar a España ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de la Directiva sobre agua potable, debido a problemas de contaminación en el acuífero del Baix Ter (Catalunya) . Igualmente la Unión Europea envió un dictamen a España por infringir la Directiva sobre aguas de baño en varias playas de Galicia, concretamente las playas de "Videira", "Niño do Corvo" y "Canabal" en la Ría de Vigo.
En Pontevedra, el pasado mes de junio, la Xunta de Galicia permitió el vertido de las aguas residuales sin depurar directamente a la ría con motivo de las obras de ampliación de la depuradora de Placeres. Otro de los ejemplos más preocupantes lo encontramos en la Isla de Gran Canaria, donde más del 50% de las aguas negras que produce la ciudad de Las Palmas son bombeadas directamente al mar sin ser depuradas, a pesar de la ciudad cuenta con una depuradora financiada con fondos europeos. Este hecho ha sido denunciado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea, que pidió información sobre estos hechos al Gobierno español, datos que España no ha facilitado una vez transcurrido el plazo de dos meses, enfrentándose ahora a una posible sanción.
Otra sanción de la que estamos pendientes es la que la Unión Europea reclama ante el Tribunal de Justicia de la UE para España: 45.600 euros por cada día que España siga incumpliendo la directiva de aguas de baño interiores . A pesar de que existe una sentencia desde 1998, que obliga al Estado Español a cumplir dicha directiva, no parece estar entre las prioridades del Gobierno librarnos de semejante multa.
A la mala situación de las aguas costeras, este año hemos añadido la contaminación ocasionada por el Prestige. Y junto a este accidente, otros de menor cuantía han seguido contaminando nuestras aguas con hidrocarburos, como el ocurrido en la bahía de Algeciras en enero con el hundimiento de una gabarra cargada de combustible, justo cuando el barco de Greenpeace Rainbow Warrior denunciaba el peligro que los barcos que funcionan como gasolineras flotantes ilegalmente en Gibraltar - , han seguido contaminando nuestras aguas con hidrocarburos.
La opinión de Greenpeace
La lucha contra la contaminación debería ser un objetivo prioritario a nivel nacional.
Recientemente, el Congreso ha aprobado la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, que obligará a las empresas a declarar y limitar sus emisiones y vertidos. Además, se creará un registro público para el año 2003, donde figuren las emisiones. Es un paso importante si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la industria catalana acumula en 2 años 994 expedientes por realizar vertidos a los ríos. Pero la ley nace viciada, porque no se aplicará a todas empresas.
El propio ministro de Medio Ambiente reconoce que el cumplimiento de la directiva europea que exige la depuración de aguas residuales en todas las poblaciones de más de 15.000 habitantes lleva "un cierto retraso". En España existen 300.000 vertidos de aguas residuales, de los que 60.000 son directos. Algunas de estas aguas, están tan contaminadas, que a pesar de ser depuradas, no pueden reutilizarse, como en el caso de Castellón, donde la concentración de metales pesados es tan elevada, que impide su posterior uso agrícola.
Se está actuando tarde, y para colmo, mal en algunos casos. Hay que destacar el caso de la autorización de la construcción de la depuradora de Vuelta Ostrera en Cantabria, en plena ribera del mar violando la Ley de Costas. Esta obra significará la destrucción de 87.000 m2 de marisma.
En definitiva, la depuración de las aguas es obligatoria para preservar la ley y esencial para proteger el litoral.
La directiva europea 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas señala en su artículo 4.1 que los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, en las siguientes circunstancias: a más tardar, el 31 de diciembre de 2000 para todos los vertidos procedentes de poblaciones con más de 15.000 habitantes; a más tardar, el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos procedentes de poblaciones entre 10.000 y 15.000 habitantes y a más tardar el 31 de diciembre de 2005 para los vertidos en aguas dulces o estuarios que procedan de poblaciones que tengan entre 2.000 y 10.000 habitantes. España fue denunciada por la Unión Europea por la aplicación incorrecta de esta directiva el 23/10/2001 (número de causa C-419/01). A finales del año 2000, todavía 30 municipios españoles incumplían esta normativa.
La Unión Europea, a través de la Comisión de Medio Ambiente, decidió el verano pasado llevar a España ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de la Directiva sobre agua potable, debido a problemas de contaminación en el acuífero del Baix Ter (Catalunya) . Igualmente la Unión Europea envió un dictamen a España por infringir la Directiva sobre aguas de baño en varias playas de Galicia, concretamente las playas de "Videira", "Niño do Corvo" y "Canabal" en la Ría de Vigo.
En Pontevedra, el pasado mes de junio, la Xunta de Galicia permitió el vertido de las aguas residuales sin depurar directamente a la ría con motivo de las obras de ampliación de la depuradora de Placeres. Otro de los ejemplos más preocupantes lo encontramos en la Isla de Gran Canaria, donde más del 50% de las aguas negras que produce la ciudad de Las Palmas son bombeadas directamente al mar sin ser depuradas, a pesar de la ciudad cuenta con una depuradora financiada con fondos europeos. Este hecho ha sido denunciado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea, que pidió información sobre estos hechos al Gobierno español, datos que España no ha facilitado una vez transcurrido el plazo de dos meses, enfrentándose ahora a una posible sanción.
Otra sanción de la que estamos pendientes es la que la Unión Europea reclama ante el Tribunal de Justicia de la UE para España: 45.600 euros por cada día que España siga incumpliendo la directiva de aguas de baño interiores . A pesar de que existe una sentencia desde 1998, que obliga al Estado Español a cumplir dicha directiva, no parece estar entre las prioridades del Gobierno librarnos de semejante multa.
A la mala situación de las aguas costeras, este año hemos añadido la contaminación ocasionada por el Prestige. Y junto a este accidente, otros de menor cuantía han seguido contaminando nuestras aguas con hidrocarburos, como el ocurrido en la bahía de Algeciras en enero con el hundimiento de una gabarra cargada de combustible, justo cuando el barco de Greenpeace Rainbow Warrior denunciaba el peligro que los barcos que funcionan como gasolineras flotantes ilegalmente en Gibraltar - , han seguido contaminando nuestras aguas con hidrocarburos.
La opinión de Greenpeace
La lucha contra la contaminación debería ser un objetivo prioritario a nivel nacional.
Recientemente, el Congreso ha aprobado la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, que obligará a las empresas a declarar y limitar sus emisiones y vertidos. Además, se creará un registro público para el año 2003, donde figuren las emisiones. Es un paso importante si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la industria catalana acumula en 2 años 994 expedientes por realizar vertidos a los ríos. Pero la ley nace viciada, porque no se aplicará a todas empresas.
El propio ministro de Medio Ambiente reconoce que el cumplimiento de la directiva europea que exige la depuración de aguas residuales en todas las poblaciones de más de 15.000 habitantes lleva "un cierto retraso". En España existen 300.000 vertidos de aguas residuales, de los que 60.000 son directos. Algunas de estas aguas, están tan contaminadas, que a pesar de ser depuradas, no pueden reutilizarse, como en el caso de Castellón, donde la concentración de metales pesados es tan elevada, que impide su posterior uso agrícola.
Se está actuando tarde, y para colmo, mal en algunos casos. Hay que destacar el caso de la autorización de la construcción de la depuradora de Vuelta Ostrera en Cantabria, en plena ribera del mar violando la Ley de Costas. Esta obra significará la destrucción de 87.000 m2 de marisma.
En definitiva, la depuración de las aguas es obligatoria para preservar la ley y esencial para proteger el litoral.