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Una de las principales preocupaciones de Greenpeace ante el nuevo Anteproyecto de Ley hace referencia a la desprotección de una parte del dominio público marítimo-terrestre (franja de terreno definida por la Ley de Costas cuya protección y conservación resulta imprescindible para la supervivencia de los ecosistemas litorales). La reforma propone desvincular del dominio público portuario del dominio público marítimo-terrestre, abriendo la puerta a la especulación y privatización de un terreno hasta ahora público.
De esta forma una parte de los bienes de dominio público queda prácticamente en manos del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado, "quien podrá proceder a la enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita" del mismo.
Uno de los aspectos más llamativos del anteproyecto es que abre la posibilidad de construir hoteles en los faros. Este dato ilustra muy bien el objeto final del propio proyecto.
Greenpeace considera que este anteproyecto de ley debe ser retirado al no haberse tenido en cuenta las consideraciones ambientales en las actuaciones sobre el espacio costero para su elaboración. Su aprobación supondría una grave erosión de la ya dañada legislación para la protección de las costas.
Todos los comentarios de Greenpeace han quedado recogidos en el documento: Informe de Greenpeace ante el Anteproyecto de Ley de Régimen Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de interés general. (Documento en pdf)