Modificaciones de la normativa referente a las costas

A finales del año 2002, el Ministerio de Medio Ambiente presentó una modificación de la Ley de Costas camuflada como un artículo dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales.
Greenpeace y WWF/Adena denunciaron este hecho, así como las modificaciones propuestas.

Para Greenpeace y WWF/Adena dichas modificaciones resultaban inadmisibles. Primero en cuanto a la forma, totalmente deshonesta: se introducen variaciones sustanciales que afectan a los derechos de los ciudadanos en la Ley de Costas encubriéndolas bajo una normativa que nada tiene en común con ella y sin ningún tipo de debate ni análisis. Y segundo, en cuanto al fondo, en lugar de buscar una gestión integrada acorde con los principios exigidos por la Unión Europea, esto es, conservación de la costa y su biodiversidad, con las modificaciones se fomenta la ocupación más completa del espacio costero, al más puro estilo Benidorm años sesenta, llegando a autorizar construcciones en la servidumbre de protección, la franja de veinte metros desde la ribera del mar.

Otro de los aspectos más graves introducidos en la modificación es desvirtuación que se hace del papel del Estado en la protección de las costas: en lugar de ejercer su competencia de protección del dominio público y su integridad, según marca la Ley de Costas y el Tribunal Constitucional, con estas modificaciones se entra a regular las competencias de las Comunidades Autónomas, sin objetivo alguno de conservación.

Lamentablemente, la modificación salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. Para Greenpeace y WWF/Adena se trata de acabar con el talante conservacionista que presidió la elaboración de la Ley de Costas para introducir una visión utilitarista a corto plazo.

Algunas de las modificaciones más significativas son las siguientes:

Se propone que las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público se adapten a las normas urbanísticas, es decir, que el Estado deberá autorizar la ocupación del dominio público siempre que así lo prevea un planeamiento urbanístico, justo lo contrario a lo que decía la Ley de Costas. Por tanto, supone que la norma de actividad urbanística prevalece sobre la de protección del litoral, lo que sin duda supone una privatización encubierta del litoral.

Sólo se denegará la ocupación del dominio público cuando se demuestre que se trata de una actuación perjudicial, contribuya ésta o no a la preservación del litoral, como decía la Ley de costas. Por tanto, desaparece el aspecto conservador y protector de esta Ley.

Se acota el plazo para que el Estado declare la extinción del derecho de ocupación del dominio público a 12 meses. Esto significa, que si el Estado no resuelve un caso de ocupación ilegal en este periodo, legalmente será del que lo ocupó.

Se acota a 12 meses el plazo para resolver los expedientes sancionadores, o lo que es lo mismo, si transcurrido un año desde la infracción, no ha terminado el proceso... no hay sanción.

No menos aberrante, es la propuesta de autorizar construcciones siempre "que exista un conjunto de edificaciones situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación prestablecida por el planteamiento urbanístico". El alcance de esta modificación da idea del interés del Ministerio de Medio Ambiente por la costa: un solar que hay que vender al mejor especulador urbanístico.

Los comentarios a las modificaciones están recogidas en el documento Análisis del Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la modificación de la Ley 22/1988, de Costas. (Documento en pdf)