Aplicación y cumplimiento de la Ley de Costas

La franja de terreno costero definida como dominio público marítimo-terrestre, que se extiende desde el mar hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, e incluye las playas, acantilados y marismas, todavía no ha sido deslindada - es decir, revisada para incorporarla al dominio público - en su totalidad.

Greenpeace lleva demandando desde hace años a la Dirección General de Costas la finalización dle deslinde para el año 2005, así como la elaboración de un inventario de las ocupaciones irregulares para su posterior eliminación antes del 2008. El nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente asegura que completará el deslinde en 2008.

Una vez deslindado, el siguiente paso será regularizar su ocupación. Existen numerosas concesiones otorgadas al amparo de anteriores legislaciones, que deben ser examinadas.

Encontramos casos muy preocupantes a lo largo de toda la costa española, entre los que podemos resaltar algunos: la concesión otorgada a la empresa Fertiberia en el litoral onubense, junto a un privilegiado enclave, las marismas del Odiel. Esta empresa finalizó su concesión y la Dirección General de Costas no le concedió una nueva autorización. Además realiza vertidos ilegales por lo que se inició un proceso contra ella. Incomprensiblemente todavía no ha sido sancionada y sigue ejerciendo su actividad.

Otro caso inquietante es el de las Plataformas petrolíferas frente a las costas de Tarragona, en funcionamiento desde hace años. De todas las existentes, Greenpeace ha solicitado información sobre dos de ellas al Mº de Medio Ambiente: la plataforma Casablanca y la plataforma Actinia. Curiosamente, ninguna de las dos tiene el permiso de este Ministerio para realizar su actividad. Alarmados, hemos solicitado información sobre el resto de plataformas de esta área, sin obtener contestación alguna hasta el momento.

La recuperación de las zonas costeras degradadas es, o debería ser, una actuación vital y prioritaria para los gestores del litoral.

Pero lo mas preocupante es la modificación de la Ley de Costas que se realizó encubierta dentro de la Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, que fue aprobada gracias a la mayoría del Partido Popular. Esta reforma, o casi mejor sería decir metamorfosis, llegó a finales del año pasado: el Ministerio de Medio Ambiente lanzaba, oculta en el artículo 97 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, una modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas .

La modificación aprobada, diseñada al servicio de las empresas constructoras, echa más leña a la hoguera de la especulación urbanística, olvidándose completamente de la protección y conservación de nuestras dañadas y frágiles costas.