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Submunición de la bomba de racimo BLU97, fabricada en EE UU y hallada en Kosovo. La región quedó contaminada con miles de bombas de racimo después de la intervención de la OTAN en 1999.
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Entre las categorías de armamento que precisan regulaciones nacionales e internacionales estrictas, para proteger a los civiles durante y después de un conflicto armado, las bombas de racimo exigen especial atención. Estas armas actúan de forma indiscriminada, no distinguen entre blancos civiles y militares y siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que un conflicto haya finalizado.
Estas armas tienen un impacto desproporcionado sobre las poblaciones civiles en zonas de conflicto por dos razones. Por un lado, se dispersan en superficies muy amplias, que pueden llegar a ser de cientos de hectáreas, en muchos casos áreas habitadas por población civil o cerca de ellas.
Por otro, entre el 5% y el 30% de las submuniciones no llegan a explotar y permanecen dispersas sobre el territorio. A partir de ese momento, y hasta mucho tiempo después, cumplen la misma función que las minas antipersonales y estallan al mínimo contacto.
Además de las muertes que se producen durante y después de las operaciones, tienen graves consecuencias socioeconómicas para las poblaciones que viven en esas zonas. Durante largo tiempo desde que acaba el conflicto, impiden el uso de carreteras, el acceso a las escuelas y hospitales, y el desarrollo de la agricultura en países donde ésta es crucial para la supervivencia.
Desde los años sesenta, este armamento ha sido utilizado en numerosas guerras y también en varios de los conflictos más recientes: Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003) y Líbano (2006). Así como en países africanos como Sudán y Sierra Leona, entre otros.
No existe una prohibición específica de estas armas a pesar del daño que causan. Sin embargo, son contrarias a las disposiciones generales de los Convenios de Ginebra al violar el principio de discriminación entre civiles y militares.
Desde 1976, algunos países han venido pidiendo su prohibición. Más recientemente, los parlamentos de Australia, Dinamarca y Noruega, y el Parlamento Europeo, han reconocido el peligro que significan. El paso más significativo lo dio el Parlamento de Bélgica en el año 2006: prohibió la tenencia, almacenamiento y fabricación de estas armas en su territorio. Ahora Noruega está liderando un proceso internacional encaminado a lograr su prohibición.
Sin embargo, hasta el momento no se han tomado decisiones, a pesar de la presión y sensibilización que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Greenpeace se une ahora a ellas para reclamar una prohibición de la fabricación, uso y venta de las armas de racimo a través de normas nacionales e internacionales.
En torno a 100.000 personas han muerto como consecuencia de las bombas de racimo, un 98% de ellos civiles.
Como funciona una bomba de racimo
Galería de imágenes
Conferencia de Oslo sobre bombas de racimo
Estas armas tienen un impacto desproporcionado sobre las poblaciones civiles en zonas de conflicto por dos razones. Por un lado, se dispersan en superficies muy amplias, que pueden llegar a ser de cientos de hectáreas, en muchos casos áreas habitadas por población civil o cerca de ellas.
Por otro, entre el 5% y el 30% de las submuniciones no llegan a explotar y permanecen dispersas sobre el territorio. A partir de ese momento, y hasta mucho tiempo después, cumplen la misma función que las minas antipersonales y estallan al mínimo contacto.
Además de las muertes que se producen durante y después de las operaciones, tienen graves consecuencias socioeconómicas para las poblaciones que viven en esas zonas. Durante largo tiempo desde que acaba el conflicto, impiden el uso de carreteras, el acceso a las escuelas y hospitales, y el desarrollo de la agricultura en países donde ésta es crucial para la supervivencia.
Desde los años sesenta, este armamento ha sido utilizado en numerosas guerras y también en varios de los conflictos más recientes: Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003) y Líbano (2006). Así como en países africanos como Sudán y Sierra Leona, entre otros.
No existe una prohibición específica de estas armas a pesar del daño que causan. Sin embargo, son contrarias a las disposiciones generales de los Convenios de Ginebra al violar el principio de discriminación entre civiles y militares.
Desde 1976, algunos países han venido pidiendo su prohibición. Más recientemente, los parlamentos de Australia, Dinamarca y Noruega, y el Parlamento Europeo, han reconocido el peligro que significan. El paso más significativo lo dio el Parlamento de Bélgica en el año 2006: prohibió la tenencia, almacenamiento y fabricación de estas armas en su territorio. Ahora Noruega está liderando un proceso internacional encaminado a lograr su prohibición.
Sin embargo, hasta el momento no se han tomado decisiones, a pesar de la presión y sensibilización que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Greenpeace se une ahora a ellas para reclamar una prohibición de la fabricación, uso y venta de las armas de racimo a través de normas nacionales e internacionales.
En torno a 100.000 personas han muerto como consecuencia de las bombas de racimo, un 98% de ellos civiles.
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