Noruega anunció en junio de 2006 una moratoria en el uso de bombas de racimo, y señaló su intención de liderar las negociaciones internacionales encaminadas a su prohibición. Se trata de un proceso al margen de la Convención sobre la prohibición y limitación de empleo de ciertas armas convencionales (CCW), dirigido a lograr un tratado, y que comenzó en el año 2007. España ha expresado su apoyo.
En febrero de 2006, el
Parlamento belga aprobó una ley que prohíbe la fabricación, almacenamiento y venta de bombas de racimo. Otras iniciativas similares han sido debatidas en
Alemania,
Austria,
Francia,
Italia,
Luxemburgo, Suecia y
Suiza.
Varios gobiernos han apoyado dar pasos hacia una regulación internacional de las bombas de racimo en el marco de la CCW.
En octubre de 2004, el
Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide una moratoria inmediata sobre el uso, almacenamiento, producción y transferencia de bombas de racimo. Este sería el primer paso hasta que se haya negociado un acuerdo internacional sobre su regulación, restricción o prohibición.
Australia declaró en abril de 2003 que no usaría bombas de racimo, y el Senado australiano aprobó una moción que reclama una moratoria en su uso.
España y las bombas de racimo