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Submuniciones ocultas en el desierto del Sahara Occidental. Los nómadas de la zona construyen círculos con piedras para marcar estas peligrosas localizaciones, a medida que las van encontrando.
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Son una amenaza especialmente grave para las poblaciones civiles.
Las bombas de racimo han matado civiles en todos aquellos conflictos en los que se han utilizado. Debido a que son armas que afectan a grandes áreas de territorio, existen grandes probabilidades de que afecten a poblaciones civiles que se encuentren en el área o cerca de ella.
La inmensa mayoría de los conflictos actuales se producen en áreas habitadas, lo que hace el uso de estas armas totalmente inaceptable. Además, el gran número de bombas que se usa en cada ataque, su alta carga de submuniciones y el hecho de que una parte de ellas no explota, hace que sus efectos letales se prolonguen en el tiempo, incluso mucho después de que el conflicto haya finalizado. En la práctica, esas municiones sin explotar, dispersas en grandes territorios, funcionan como minas antipersonales.
La combinación de estos factores hace que las bombas de racimo sean especialmente letales. Ni siquiera haciendo un esfuerzo para no atacar objetivos civiles puede evitarse que esto ocurra. Las medidas técnicas que se han propuesto hasta el momento para mejorar su fiabilidad y funcionamiento no han logrado una eficacia total, ni poner fin a la muerte de poblaciones civiles debido a su uso.
Otras armas con efectos indiscriminados y desproporcionados sobre los civiles, durante un conflicto o después de él, están controladas de forma estricta por el Derecho Internacional, y su uso genera rechazo general entre la opinión pública. Esto incluye las armas nucleares, biológicas y químicas. Las minas antipersonales y las bombas incendiarias también han sido prohibidas o reguladas por el Derecho Internacional por sus efectos indiscriminados.
Son una amenaza en alza.
Más de 50 estados almacenan bombas de racimo y más de 30 las producen. Han sido usadas en más de 20 conflictos o territorios, y en todos ellos, han causado serios problemas a los civiles durante el ataque y después del mismo, desde Vietnam a Kosovo, Afganistán, Irak o Líbano. Si no se ataja esta amenaza y se prohíbe su uso, cada vez más países podrán hacerse con ellas y las consecuencias humanitarias serán gravísimas. Los gobiernos que tienen estos arsenales deben deshacerse de ellos para evitar que puedan acabar en manos equivocadas.
Los nuevos tipos de conflicto han reducido su utilidad militar.
Las bombas de racimo se diseñaron para hacer imposible el acceso del enemigo a grandes áreas de territorio (Vietnam), y para hacer frente a un hipotético ataque masivo por parte de tropas del Pacto de Varsovia. Sin embargo, la mayoría de los conflictos actuales no se basan en estas premisas. Además, incluso en el caso de intervenciones militares, conquistar los “corazones y las mentes” de la población local es el elemento esencial para ganar la guerra. Provocar altas cifras de muertes civiles y dejar un territorio contaminado con explosivos no es la mejor forma de lograrlo, y son las propias tropas las que pueden resultar afectadas.
La presión de la sociedad civil ya ha conseguido resultados.
Ya en 1976, un grupo de 13 países propuso prohibir las bombas de racimo y, aunque las reticencias son fuertes, numerosos Parlamentos y gobiernos han adoptado iniciativas al respecto o reconocido su peligrosidad. El Parlamento Europeo aprobó en el año 2004 una declaración en la que pedía una moratoria. Pero el avance más decisivo lo dio Bélgica en febrero de 2006, cuando decidió prohibir la producción, almacenamiento y venta de bombas de racimo.
Ahora, Noruega ha anunciado su intención de liderar un proceso encaminado a lograr su prohibición. Estos pasos deben ser seguidos por otros gobiernos, incluido el de España, que también debe apoyar los esfuerzos para lograr un acuerdo internacional.
Las bombas de racimo han matado civiles en todos aquellos conflictos en los que se han utilizado. Debido a que son armas que afectan a grandes áreas de territorio, existen grandes probabilidades de que afecten a poblaciones civiles que se encuentren en el área o cerca de ella.
La inmensa mayoría de los conflictos actuales se producen en áreas habitadas, lo que hace el uso de estas armas totalmente inaceptable. Además, el gran número de bombas que se usa en cada ataque, su alta carga de submuniciones y el hecho de que una parte de ellas no explota, hace que sus efectos letales se prolonguen en el tiempo, incluso mucho después de que el conflicto haya finalizado. En la práctica, esas municiones sin explotar, dispersas en grandes territorios, funcionan como minas antipersonales.
La combinación de estos factores hace que las bombas de racimo sean especialmente letales. Ni siquiera haciendo un esfuerzo para no atacar objetivos civiles puede evitarse que esto ocurra. Las medidas técnicas que se han propuesto hasta el momento para mejorar su fiabilidad y funcionamiento no han logrado una eficacia total, ni poner fin a la muerte de poblaciones civiles debido a su uso.
Otras armas con efectos indiscriminados y desproporcionados sobre los civiles, durante un conflicto o después de él, están controladas de forma estricta por el Derecho Internacional, y su uso genera rechazo general entre la opinión pública. Esto incluye las armas nucleares, biológicas y químicas. Las minas antipersonales y las bombas incendiarias también han sido prohibidas o reguladas por el Derecho Internacional por sus efectos indiscriminados.
Son una amenaza en alza.
Más de 50 estados almacenan bombas de racimo y más de 30 las producen. Han sido usadas en más de 20 conflictos o territorios, y en todos ellos, han causado serios problemas a los civiles durante el ataque y después del mismo, desde Vietnam a Kosovo, Afganistán, Irak o Líbano. Si no se ataja esta amenaza y se prohíbe su uso, cada vez más países podrán hacerse con ellas y las consecuencias humanitarias serán gravísimas. Los gobiernos que tienen estos arsenales deben deshacerse de ellos para evitar que puedan acabar en manos equivocadas.
Los nuevos tipos de conflicto han reducido su utilidad militar.
Las bombas de racimo se diseñaron para hacer imposible el acceso del enemigo a grandes áreas de territorio (Vietnam), y para hacer frente a un hipotético ataque masivo por parte de tropas del Pacto de Varsovia. Sin embargo, la mayoría de los conflictos actuales no se basan en estas premisas. Además, incluso en el caso de intervenciones militares, conquistar los “corazones y las mentes” de la población local es el elemento esencial para ganar la guerra. Provocar altas cifras de muertes civiles y dejar un territorio contaminado con explosivos no es la mejor forma de lograrlo, y son las propias tropas las que pueden resultar afectadas.
La presión de la sociedad civil ya ha conseguido resultados.
Ya en 1976, un grupo de 13 países propuso prohibir las bombas de racimo y, aunque las reticencias son fuertes, numerosos Parlamentos y gobiernos han adoptado iniciativas al respecto o reconocido su peligrosidad. El Parlamento Europeo aprobó en el año 2004 una declaración en la que pedía una moratoria. Pero el avance más decisivo lo dio Bélgica en febrero de 2006, cuando decidió prohibir la producción, almacenamiento y venta de bombas de racimo.
Ahora, Noruega ha anunciado su intención de liderar un proceso encaminado a lograr su prohibición. Estos pasos deben ser seguidos por otros gobiernos, incluido el de España, que también debe apoyar los esfuerzos para lograr un acuerdo internacional.