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En este encuentro Greeenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam presentaron un informe con medidas adoptadas en otros países y que deberían servir de ejemplo para la normativa española. El informe “Hacia una ley para el control del comercio de armas” recoge medidas concretas, desde los criterios para evitar que se exporten armas a destinos “sensibles” (por ejemplo, países que no cumplen los criterios del Código de Conducta europeo), hasta cómo deben ser las licencias del Gobierno en todo el proceso de comercialización de armas, incluyendo la producción, intermediación y exportación.
Estos son algunos ejemplos de prácticas y medidas adecuadas que se dan en otros países, en relación con el comercio de armas:
- Francia ofrece ejemplos de cómo se limitan por ley las políticas gubernamentales de exportación. Por un lado, establece explícitamente la obligatoriedad de respetar los embargos de armas de la ONU y la UE, y prohíbe las exportaciones a países cuyas Fuerzas Armadas recluten a menores como soldados. Por otro, establece una lista completa de armas que deben someterse a controles de exportación, y en ella las armas para caza y tiro deportivo son incluidas como material de defensa. Si esto se hiciera en España, nuestro país no podría vender 37 millones de piezas de munición a un país como Ghana, al que ahora se exporta libremente porque se clasifica como material de caza y tiro deportivo.
- La normativa de Alemania prohíbe vender armas a países que sufren o participan en conflictos armados, o a lugares donde el estallido sea inminente. También lo prohíbe hacia lugares donde las armas se puedan usar para la represión interna o se produzcan graves violaciones de los derechos humanos. Esto, por ejemplo, impediría que España venda armas a Colombia.
- En materia de transparencia EE.UU es el mejor ejemplo a seguir. Es el país que vende más armas de todo el mundo, pero también el que ofrece mayor nivel de información: una descripción detallada del producto, el país receptor, la cantidad de armas y el precio.
- En Suecia, existe la figura de un Consejo Interparlamentario que es consultado en el caso de operaciones “dudosas”, por ejemplo con respecto a un destino que no cumple claramente los criterios del Código de Conducta.
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