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Ciertamente una nueva Administración es necesaria para mantener la ley y el orden en Irak y para proteger a los civiles, a los periodistas y a los trabajadores de los cuerpos de ayuda humanitaria, entre otros.
Es responsabilidad de la coalición invasora como fuerza ocupante asegurar el suministro de comida, agua y medicinas a la población bajo la 4ª Convención de Ginebra (artículo 55) así como restaurar y asegurar, tanto como sea posible, el orden público y la seguridad (Regulaciones de La Haya, artículo 43).
El quebrantamiento de la ley y el orden amenaza la capacidad y operatividad de las agencias de ayuda humanitaria para proporcionar alimentos y asistencia médica y humanitaria, y amenaza con provocar una grave crisis humanitaria que las fuerzas ocupantes tienen la responsabilidad de evitar. Los hospitales están luchando para poder hacer frente a las numerosas víctimas civiles.
El 28 de marzo de 2006, de forma unánime, el Consejo de Seguridad reinstauró el programa Petróleo por Alimentos. Esta resolución exige a todas las partes involucradas acatar de forma estricta sus obligaciones bajo la ley internacional, en particular, las Convenciones de Ginebra y las Regulaciones de La Haya, incluyendo aquellas relativas a las necesidades civiles esenciales de la población iraquí, tanto dentro como fuera de Irak.
