Estudio de casos

Las camaroneras se han instalado en zonas costeras, ocupando -con sus grandes piscinas- salinas, esteros y áreas de manglar -que han desforestado previamente-, desplazando a la población local e impidiendo su acceso a los recursos naturales de los que siempre han dependido. Para la obtención del langostino tropical se emplean grandes cantidades de nutrientes y productos químicos (antibióticos, insecticidas…) que contaminan el medio, y se utilizan ingentes cantidades de agua, agotándose los recursos hídricos de estas zonas por sobreexplotación y salinización.

La rentabilidad que la industria camaronera obtiene de la cría del langostino tropical en los países latinoamericanos se basa en los bajos costos de inversión, las subvenciones y apoyo de gobiernos y entidades internacionales, y a que no refleja realmente sus costes ambientales y sociales.

Costos de inversión: son mínimos. El acceso a las zonas de manglar y a sus recursos naturales es gratuito, a costa de talar manglar y desplazar a las poblaciones locales.

Subvenciones y ayudas: Desde 1988 hasta 1995, las principales fuentes de financiación externa de la acuicultura fueron los Bancos de Desarrollo, que aportaron un 69% de la financiación y un 40% de los proyectos. El Banco Mundial y la FAO han participado activamente en estas ayudas. La expansión de la acuicultura de langostino en países como Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Belize ha sido financiada por inversores privados y por agencias nacionales e internacionales, incluyendo la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, y la Comisión Europea.

Políticas arancelarias: En Diciembre de 1990, la Unión Europea adoptó un esquema especial de apoyo a los países andinos que luchan contra el cultivo de coca y buscanalternativas productivas, que les permitía exportar ciertos productos (el langostino tropical entre ellos) con arancel cero. La UE revisó esta política de estímulos en 1994, a fin de ir eliminando este sistema de preferencias. Por ejemplo, estableció un arancel del 4,5% para el langostino ecuatoriano, y para el 96 se pretendía para este producto un arancel del 15%. Las presiones de gobiernos y empresarios han logrado prórrogas al sistema de preferencia hasta 1999.

España es el primer importador de langostinos congelados (y camarones, gambas y quisquillas) de la UE. La importación española de este grupo de crustáceos en 1996 fue de más de 62.000 toneladas, el 34,7% de las importaciones totales de la UE. Más de un 50% procede de países donde se cultivan langostinos: un 24% procede Ecuador, 7,8% de Colombia, 3,7% de Panamá, 3,3% de Honduras y 2,9% de Nicaragua.

La actividad acuícola, en las condiciones expuestas, es insostenible, mientras sea ambientalmente negativa y socialmente injusta. Los productores deben acogerse a sistemas de producción no destructivos. Los exportadores e importadores, los distribuidores y las cadenas de alimentación son clave para conseguir los productos obtenidos sosteniblemente.

El mercado y los consumidores españoles tiene una gran responsabilidad en estos momentos: la de no comprar ni consumir langostinos tropicales producto de la destrucción de los manglares de Latinoamérica y de los derechos de las comunidades que vivían de ellos.

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