Imposible coexistencia

A partir de marzo de 2004, el nuevo gobierno prometía que se establecerían unas normas que permitirían a la agricultura convencional y a la ecológica sobrevivir frente a la continua agresión de las corporaciones de los transgénicos, se respetaría el derecho de los consumidores a elegir su alimentación y se minimizaría en lo posible el impacto ambiental de estos cultivos. Si bien se mejoró la postura de España en las votaciones europeas, el Ejecutivo sigue permitiendo el cultivo de maíces transgénicos sobre los cuales existen dudas acerca de su seguridad y ha aprobado 14 nuevas variedades.

En la situación actual conviven errores administrativos, opacidad en el mundo de la investigación, nulo o deficiente seguimiento y control de los cultivos y de los casos de contaminación, variedades ilegales, campos experimentales no autorizados, ausencia de registros, ningún respeto a las distancias mínimas entre parcelas, declaraciones falsas para cobrar las subvenciones por cultivo de maíz, dueños de cosechadoras que reconocen que no limpian las máquinas entre un campo transgénico y uno no transgénico o gerentes de cooperativas que reconocen que mezclan todo en un mismo montón. La falta total de medidas de separación, de segregación y de control por parte de la Administración es evidente.

Precisamente cuando el gobierno catalán y el nacional están estudiando una normativa para su mal llamada  coexistencia  con la agricultura convencional y ecológica, se demuestra que no se dan las condiciones para el cultivo de OMG en España. Por ello y porque los transgénicos suponen un daño irreversible para el medio ambiente, la economía y la salud, es urgente que el Gobierno y las administraciones de las diferentes regiones y autonomías revoquen las variedades aprobadas hasta la fecha y paralicen los cultivos transgénicos en España.

La ausencia de normas orientadas a minimizar la contaminación de los campos, de segregación entre cosechas, y de control y transparencia, sumado a la no diferenciación de precios, la carencia de medios técnicos o humanos para gestionar los transgénicos y sus consecuencias están llevando a la agricultura no transgénica a una situación de crisis sin precedentes.

La "coexistencia" no es posible, la contaminación de cultivos es un hecho y la estrategia de la industria semillera es contaminar, generando una situación irreversible que elimine cualquier alternativa de cultivo y que obligue al conjunto de la sociedad a aceptar unos umbrales de presencia de OMG crecientes.

Con esta situación se puede concluir que:

• el control y el seguimiento de los OMG del laboratorio al plato son ineficaces, y en muchos casos inexistentes. El sistema de segregación, trazabilidad y etiquetado no funciona;
  

• no existen sistemas independientes de detección e investigación de los casos de contaminación, cultivos ilegales (comerciales o experimentales), irregularidades administrativas o efectos negativos de los transgénicos. La inmensa mayoría de las contaminaciones no se detecta nunca;
  

• los costes económicos de las contaminaciones y del resto de problemas provocados por los transgénicos son altos y son soportados por los afectados. Los efectos sociales, ambientales y sobre la salud son potencialmente inmensos. Todo ello debido tanto a los daños directos de estas tecnologías como a la pérdida de soluciones agrarias y alimentarias verdaderas y sostenibles, provocada por el sumidero financiero que supone la opción biotecnológica;
  

• el tremendo coste que supondría un análisis exhaustivo y un control riguroso real por parte de las autoridades, hace que este tipo de tecnología sea social, ambiental y económicamente inviable;
  

• la falta de transparencia impide que la mayor parte de los fallos de los transgénicos o de los escándalos relacionados con ellos sean percibidos por la sociedad. Ésta, sin embargo, está constantemente sometida a la propaganda de una industria que sólo divulga los supuestos beneficios de estos cultivos sin ofrecer una información objetiva y contrastada, con la única finalidad de aumentar su control sobre los sectores agrario y agroalimentario;
  

• la industria de los transgénicos es capaz de influir a muchos niveles sobre el poder político, haciendo prevalecer sus intereses sobre los del medio ambiente o la sociedad;
  

• los Estados son incapaces de evitar la venta y el cultivo ilegales, y de impedir el incumplimiento de las normas en el cultivo de transgénicos;
  

• cualquier sistema de control tiene fallos y siempre existen imprudencias y errores humanos o técnicos, por lo que en la práctica es imposible evitar la contaminación de otros cultivos.
  

Por todo ello, Greenpeace exige que:

• se suspenda inmediatamente toda autorización de cultivo de transgénicos en España, por considerar que no existe el marco técnico y legal para poder cultivarlos en condiciones de control y seguridad;
  

• para ello, deben revocarse las autorizaciones de todas las variedades que los diferentes gobiernos han aprobado hasta la fecha y prohibirse los cultivos experimentales;
  

• se suspenda cualquier intento de aprobar decretos o reales decretos de  coexistencia;
  

• las autoridades realicen un replanteamiento de la política agraria española en el sentido de garantizar la existencia de una producción absolutamente libre de transgénicos, asegurando con ello la libertad de elección de los consumidores y de los agricultores por encima de los intereses de la industria de los transgénicos y de las multinacionales dueñas de estas tecnologías;
  

• se cree una comisión que estudie con rigor e independencia y analice de forma transparente los daños ambientales, sociales o sanitarios de los transgénicos y exija que se apliquen sanciones a sus causantes. Las compañías productoras de transgénicos o dueñas de las patentes deben ser consideradas culpables de las contaminaciones y otros daños, salvo que puedan demostrar que el error o la negligencia proviene de otra parte.