Greenpeace marca un campo de maíz con interrogantes. Si se aprueba la Directiva de Semillas, una de cada doscientas plantas sería transgénica de manera no controlada.
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Durante los once años transcurridos desde que los transgénicos salieran al mercado, los cultivos tradicionales y los biológicos se han visto contaminados por transgénicos. Y los agricultores han sido los que han tenido que pagar las consecuencias. Greenpeace exige:
- Suspensión inmediata de toda autorización de cultivo de transgénicos en España, por considerar que no existe el marco técnico y legal para poder cultivarlos en condiciones de control y seguridad;
-Para ello, deben revocarse las autorizaciones de todas las variedades que los diferentes gobiernos han aprobado hasta la fecha y prohibirse los cultivos experimentales.
-Suspensión de cualquier intento de aprobar decretos o reales decretos de coexistencia;
-Que las autoridades realicen un replanteamiento de la política agraria española en el sentido de garantizar la existencia de una producción absolutamente libre de transgénicos, asegurando con ello la libertad de elección de los consumidores y de los agricultores por encima de los intereses de la industria de los transgénicos y de las multinacionales dueñas de estas tecnologías;
-Se cree una comisión que estudie con rigor e independencia y analice de forma transparente los daños ambientales, sociales o sanitarios de los transgénicos y exija que se apliquen sanciones a sus causantes. Las compañías productoras de transgénicos o dueñas de las patentes deben ser consideradas culpables de las contaminaciones y otros daños, salvo que puedan demostrar que el error o la negligencia proviene de otra parte.