Atún rojo (Thunnus thynnus) transportado en una jaula entre Libia y Sicilia. Mayo 2006.
Las grandes especies de alta mar como el atún y el pez espada han sido un recurso de pesca compartido durante miles de años. Greenpeace publicó en 1999 un informe que revelaba que la cantidad de atún rojo en el Mediterráneo en edad de reproducción había disminuido más del 80% en los veinte años anteriores. La situación no ha mejorado debido a la pesca pirata, la captura de juveniles y la reciente aparición del engorde de atún que ha disminuido drásticamente los stocks a niveles muy peligrosos.
La sobrepesca ha llevado a la captura de peces cada vez más pequeños, a menudo a pesar de las restricciones de tamaño. La protección del pescado juvenil en poblaciones que son objetivo de la pesca de arrastre es fundamental para el desarrollo sostenible de estas pesquerías. Pero estas restricciones están siendo ampliamente incumplidas en lugar de proteger las áreas de desove y crecimiento de las poblaciones de peces en el Mediterráneo.
La tasa de descartes (especies no objetivo capturadas de manera accidental por artes de pesca no selectivas) en las pesquerías del Mediterráneo varía entre el 20 y el 70% de las capturas dependiendo de la profundidad y de la época del año. Estos descartes son arrojados de nuevo al mar muertos o moribundos.
La falta de sistemas efectivos de control y el incremento de la presión comercial sobre nuestros dañados recursos pesqueros ha ayudado a impulsar una industria pesquera ilegal, no regulada y no declarada. Un buen ejemplo es el uso extendido de redes de deriva (a menudo de 10 a 12 kilómetros de largo), que continúa a pesar de su prohibición en el Mediterráneo. Marruecos ha admitido poseer más de 300 buques con redes de deriva. Otras importantes flotas son la italiana con entre 90 y 100 buques, la turca con entre 95 y 100 buques y la francesa con entre 45 y 75 barcos.
De todos los países mediterráneos, España es el único que ha adoptado un plan nacional de acción para combatir el problema de la pesca pirata, tal cómo establecía el Plan de Acción Internacional de la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) de Naciones Unidas. No existe un registro regional para buques pesqueros. Y hay una falta de fondos y de infraestructura para poner en práctica las leyes aprobadas para combatir la pesca ilegal en aguas internacionales.
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