Dialogar con los responsables políticos para trasladarles nuestras demandas es una de las partes menos visibles, pero no menos importantes, del trabajo de Greenpeace. Al fin y al cabo, cuando realizamos acciones directas no-violentas, no solamente se busca llamar la atención de la opinión pública, sino fundamentalmente que esas reivindicaciones influyan en las decisiones de gobiernos y empresas.

Conseguir que ese diálogo se produzca no es fácil. Normalmente, cuando un alto responsable político nos recibe, ya ha atendido en múltiples ocasiones a los representantes de los lobbies empresariales. Y una vez se produce el diálogo, el entendimiento no es tampoco sencillo.

Hablar de energía con este gobierno es especialmente complicado porque lo que defiende Greenpeace está, hoy por hoy, en las antípodas de la política que el Gobierno del PP está ejecutando.

Así, mientras Greenpeace les pide que, en el debate que ha abierto la Comisión Europea para fijar objetivos para 2030, España apoye objetivos ambiciosos y obligatorios de energía renovable, eficiencia energética y reducción de emisiones, este Gobierno está muy ocupado tratando de deshacer todo lo que habíamos avanzado en renovables, porque consideran que hemos ido “demasiado deprisa”  y que “podían haber sido más baratas”. Aunque este es el único problema del pasado que se quiere remediar y sólo se detecta en las renovables, no en las térmicas de gas. Y a pesar de aceptar los objetivos para 2050 (ya aprobados en la Unión Europea), consideran que “es demasiado pronto” para pensar en 2030 (aunque toda Europa está ya inmersa en ese debate).

Cuando Greenpeace les propone que afronten el creciente conflicto entre generación nuclear y renovable que hace que, incluso teniendo energía limpia en abundancia e instalaciones disponibles para aprovecharla, esa energía se tenga que desperdiciar porque las centrales nucleares no pueden detenerse, el Gobierno no reconoce que tal conflicto se esté produciendo. Es más, han decidido que la generación nuclear es necesaria, aunque España tiene un exceso abrumador de capacidad de producción de energía.

Mientras consideran que las energías renovables se acabarán imponiendo por sí solas, sin ningún tipo de ayuda, no dudan en mantener subvenciones al carbón o en inventarse otras nuevas para el gas. Y prometen regular el derecho al autoconsumo de energía limpia en unas condiciones que, mucho nos tememos, lo hagan inviable económicamente para el consumidor.

Y cuando les planteamos que el Gobierno debe marcar sus prioridades ante el irreconciliable conflicto de intereses entre las compañías eléctricas, dueñas a la vez de las centrales de energía sucia y de las redes de distribución, frente al resto de actores que tratan de competir con ellas con instalaciones de energía limpia, y que la única forma de evitar el abuso de poder de aquellas sería separar completamente a las empresas generadores de energía de las que se dediquen a distribuirla por las redes, reconocen que han pensado en ello, pero que “sería muy difícil” de llevar a cabo.

Es decir, que las visitas y presiones de las grandes corporaciones energéticas son las que marcan, hoy por hoy, la agenda de las prioridades del Gobierno. Y eso explica todo lo que estamos viendo.

José Luis García Ortega, Responsable del área de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España