Iwanuma City, prefectura de Miyagi. Llevo una semana en Japón. Desayuno caldo dashi, como y ceno con palillos, llevo una mascarilla puesta y conduzco por la izquierda. Cosas todas ellas habituales para la gente de aquí. Y leo sobre los “hibakusha”, los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que escaparon a la detonación pero sufrieron de por vida las consecuencias de la radiación. A las enfermedades asociadas, que podrían aparecer en cualquier momento, se le sumaba el rechazo social que provocaba la falta de conocimiento sobre su “mal”.



Estamos muy cerca de la prefectura de Fukushima. La catástrofe nuclear de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, que comenzó en marzo de 2011, ha tenido enormes consecuencias para la gente de aquí. Más de 160.000 personas fueron evacuadas y desplazados de la prefectura de Fukushima, muchas todavía siguen esperando.

La mayor parte de la contaminación radiactiva se dirigió al océano. Tanto en el océano como en tierra firme el territorio japonés seguirá estando contaminado durante décadas. Pero el actual Gobierno está “obligando” a la gente a volver, en su empeño por allanar el camino a la reactivación de las nucleares de Japón que están paradas. Actualmente solo hay tres en funcionamiento.

Cuando digo “obligar”, tenemos que entender un poco la mentalidad japonesa. Los japoneses son “un gran equipo”: consideran que la maquinaria social es superior a las piezas que lo conforman, y anteponen siempre el funcionamiento del engranaje a su satisfacción personal. Por ello, cuando el Gobierno aconseja algo, los japoneses hacen caso sin criticar. Es un sistema muy eficiente cuando el Gobierno actúa bien, pero nefasto cuando se equivoca. Es lo que ocurre ahora.

El plan de Abe, así se llama el Primer Ministro de Japón, es descontaminar todo antes de 2017. Una vez descontaminado la gente tiene que volver o buscarse la vida, porque en 2018 se eliminarán las pequeñas ayudas que están recibiendo. El problema, claro, está en que la descontaminación es una ilusión.

El plan solo contempla limpiar las carreteras y los alrededores de las casas hasta unos niveles semejantes a los que soportan los trabajadores de las centrales nucleares. Pero estas zonas “limpias” pueden volver a contaminarse. Ello contando con que no se puede estar fuera de casa más de ocho horas para no acumular demasiada radiación. Pero es eso o nada.

Las gentes de la región de Fukushima no son culpables de nada pero cargarán con las consecuencias de por vida. El Gobierno no puede condenar a vivir así a familias enteras, con niños y niñas que tendrán que lidiar con la radiación para siempre. Un trabajador de una central nuclear puede haber decidido, y haberse preparado, para convivir con tasas de radiactividad más elevadas que el resto de las personas. Pero no condenar a los menores y las generaciones futuras a ello es terrible e irresponsable. Es condenarles a ser los nuevos hibakusha.

¿Qué puedes hacer tú?

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