El urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas 7,7 hectáreas de litoral al día para crear urbanizaciones, suelo industrial y suelo comercial. El 44% de la población española vive en la costa, que representa menos del 7% del territorio, lo que supone una gran presión sobre la franja litoral, hasta tal punto que en algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables.

La mala gestión costera significa un gasto de dinero público que supone “parches” cortoplacistas, de 100 millones de euros de media cada año, teniendo en cuenta sólo los Presupuestos Generales del Estado de 2012, para la regeneración de playas, construcción de espigones, dragados o reconstrucción de paseos marítimos.

Actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo y a la contaminación, un 62% de los beneficios económicos y ambientales de la costa. Precisamente, uno de los principales problemas identificados es el hecho de que al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido a la pérdida del capital natural.

La política actual de costas tampoco está teniendo en cuenta la amenaza a la que se enfrentan las localidades ribereñas debido al cambio climático, que supone que el Estado tendrá que asumir un coste de 3.415 millones de euros de aquí a 2100 debido a la intensificación de los temporales y la subida del nivel del mar. Contrario a lo que cabría esperar frente a este escenario, no se están planteando estrategias políticas de futuro, por el contrario, se ha anunciado una reforma de la Ley de Costas “a la carta” más permisiva con proyectos ilícitos en el litoral.

La reforma de la Ley de Costas, debe contemplar la inclusión de una fiscalidad ambiental, a modo de ecotasa, que revierta en la conservación del litoral y sus servidumbres de protección. Esta inversión sociabilizaría los beneficios y privatizaría los gastos, que es justo lo contrario de lo que sucede en la actualidad.