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¿A qué esperan para demolerlo?

Página - agosto 2, 2011
Durante los últimos 25 años, especialmente durante 2008, diversos tribunales se han encargado de derribar los argumentos de quienes siguen defendiendo la legalidad del hotel. 17 sentencias favorables dan la razón a las constantes y reiteradas denuncias por parte de asociaciones como Greenpeace.

A pesar de estos  pronunciamientos judiciales,  las administraciones implicadas (Junta de Andalucía y Ministerio  de Medio Ambiente) siguen sin  actuar. Nada se sabe del derecho de retrato que anunció la Junta  de Andalucía en 2006. Mientras,  el Ministerio de Medio Ambiente se escuda en la Justicia para  que el juez decida si la obra se  hizo conforme o no a las leyes ambientales.

del deslinde de la playa de El  Algarrobico (delimitación de los terrenos públicos) y en el año  2007 el Consejo de Ministros  declaró de utilidad pública el paraje de El Algarrobico para  incorporar esos terrenos al  dominio público. Sin embargo,  el Ministerio de Medio Ambiente,  Medio Rural y Marino permanece  inactivo, eludiendo su obligación de concluir los trámites para  expropiar los terrenos ocupados  por el hotel.

La mejor prueba de esta actitud  es la resolución tomada por el  Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en junio de  2009 con la que formaliza el  anunciado desistimiento del  procedimiento expropiatorio,  alegando estar a la espera de  que se resuelva judicialmente  la ilegalidad o no de la licencia de obras.

En febrero de 2011,la Junta materializaba lo que siempre ha promovido:  la legalidad del hotel. Con la  aprobación de un Decreto de  Parques Naturales se imponían  los planes urbanísticos (PGOU)  por encima de las normas de protección de los Espacios  Naturales Protegidos.

En opinión de Greenpeace, los  motivos que instaron al inicio  de este procedimiento en 2005  siguen vigentes: la playa y el  Parque Natural siguen siendo de  utilidad pública. Por tanto, con  esta decisión la Administración  refleja una desidia y dejación de  funciones, y por otro lado, envía  el peor mensaje posible a los  especuladores urbanísticos y una  grave sensación de “todo vale”  en el litoral.

La realidad sobre  el Algarrobico es que, mientras  los políticos se escudan en la Justicia para abandonar sus  obligaciones, se está reforzando  a la constructora que reclama  a Greenpeace más de 224.000 euros  y persigue a 40 activistas de la  organización.


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