Página - noviembre 4, 2010
En 1988, con la entrada en vigor de la Ley de Costas se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales del litoral y que pretendía ser un freno importante en el proceso de degradación de la costa.
La Ley 22/1988 de Costas define lo que se el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y las distintas servidumbres.
Daba como plazo cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde del DPMT en la costa. Sin embargo en 2010 aún no se ha completado debido a que los distintos gobiernos estatales han aplicado este deslinde muy lentamente.
La modificación de la Ley de Costas aprobada a finales de 2002 ha fomentado la ocupación más completa del espacio costero (llegando a autorizar construcciones a tan sólo 20 metros del mar) y favoreciendo
los planes urbanísticos de los ayuntamientos en detrimento de la protección del litoral. Esta norma no sólo está amenazada por la falta de liderazgo en materia de protección de la costa de la
Administración General del Estado sino también por conflictos políticos con las Comunidades Autónomas que promueven rebajas a la Ley de Costas para con ello legalizar lo ilegalizable
Greenpeace considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas ni excusas, delimitando el dominio público, eliminando las construcciones ilegales del litoral y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). Los espacios naturales importantes deben protegerse y se debe prohibir toda construcción a menos de 500 metros del DPMT fuera de las zonas urbanas.