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Greenpeace denuncia que más de la mitad de los espacios naturales protegidos de la costa están amenazados

Por primera vez en España se han analizado 233 espacios litorales protegidos. De ellos, 120 están acosados por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación.

Reportaje - julio 7, 2009
Greenpeace ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.

Destrucción a toda costa 2009.Andalucía

Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por  el Banco de España como "economía suicida". Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.

"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.

Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.

Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.

Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un "punto de alarma" por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.

La Comunidad Valenciana  tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.

Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.

Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.

En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.

En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.

La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.

En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú. 

Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en los ENP que Greenpeace ha analizado:

La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales.

Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria. Por ello, reclama la  puesta en marcha de las siguientes medidas:

El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto la Administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral.

Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.

La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa.

Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística.

La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa.

El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas.

La creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.

"Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos", concluyó Marcos.

Informe Destrucción a Toda Costa 2009 disponible en www.destruccionatodacosta.com ó www.greenpeace.es

Pdf interactivo en http://www.full-interactive.com/revistas/greenpeace/Destruccion-a-toda-costa/ 

FE DE ERRATAS  DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2009

En la página 58, en el recuadro "Irregularidades urbanísticas en los tribunales 2008-2009" y, más oncretamente, en el apartado dedicado a Gijón, aparece el sr. Pedro Sanjurjo como investigado por la Fiscalía. En realidad el nombre del ex-jefe de Urbanismo de Gijón

investigado es Ovidio Blanco.

En la página 87, en el recuadro "Irregularidades urbanísticas en los tribunales 2008-2009" y, más oncretamente, en el apartado dedicado a Arenys de Mar, se puede leer: "La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha imputado al alcalde de esta localidad, Ramón Vinyes (PSC); al exalcalde y ahora concejal, Miquel Rubirola; al edil Joaquim Ponsarnau (ERC);al actual regidor de urbanismo, Agustí Massuet (CIU) y a Lluís Blanchar (Veïns Independents) al no recibir respuesta el consistorio sobre varios expedientes urbanísticos. Están imputados por los delitos de desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos públicos". Esta información es errónea. En realidad, la Fiscalía Provincial de Barcelona (y no la Fiscalía Anticorrupción) incoó diligencias contra estas personas por una documentación que no se había adjuntado a un expediente pero, una vez demostrado que había sido un problema de comunicación y no hubo mala fe, dichas diligencias fueron archivadas.