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Greenpeace señala los puntos màs amenazados de la costa española por el urbanismo, las infraestructuras y la contaminación

Reportaje - julio 2, 2008
En el último año, se ha continuado con el modelo basado en la degradación del litoral, con un balance de 67 casos de corrupción urbanística; si en 2007 se proyectaron tres millones de viviendas en la costa, ahora se le suman 137 nuevas actuaciones en infraestructuras portuarias Greenpeace ha presentado hoy la octava edición del informe Destrucción a Toda Costa en el que se repasa la situación del litoral. El documento analiza los 100 casos que revisten mayor gravedad en relación con el número de kilómetros de costa de cada una de las comunidades y ciudades autónomas.

Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias.

Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla, comparten este año el primer puesto de un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado a su costa. El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas Baleares y Galicia que continúan acosando a su medio natural con el ladrillo y la contaminación. Euskadi, Cantabria y Asturias les siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del Mediterráneo.

La organización ecologista ha analizado en cada una de las regiones el estado de conservación de sus costas:

Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.

Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000 viviendas.

En Cantabria se analizan 5 puntos negros en 284 kilómetros de costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios han sido modificados por la acción humana.

Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700 kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres deportivos.

Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3% en Melilla).

Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.

Euskadi cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros de costa, destacando los problemas de contaminación. Las cifras hablan por sí solas: el 33% de las industrias metalúrgicas más contaminantes se encuentran en esta región.

Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos.

Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la oferta total de amarres del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado 7 puntos negros.

Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118 personas implicadas en irregularidades urbanísticas.

En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.

Greenpeace considera que es el momento de cerrar la puerta a la sinrazón urbanística vivida en los últimos años. La importante crisis económica debería llevar a los gobernantes a tomar medidas contundentes. Factores como el descenso de la inversión extranjera, sobre todo la británica (donde ya no desgrava comprar una segunda residencia) o la aparición de nuevos destinos turísticos en el Mediterráneo, se han traducido en un acusado declive de ventas de casas en la playa de hasta un 70% como es el caso de Alicante.

Las administraciones son, o deberían ser, conscientes de esta realidad pero no hacen nada por remediarla, o cuando lo intentan ya es demasiado tarde. Durante 2008, se ha seguido sin poner freno real a las mayores amenazas de nuestro litoral.

El mayor problema de nuestras costas sigue siendo el urbanismo. Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio -incluidos espacios naturales protegidos- para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables.

Los 67 casos de corrupción urbanística en los tribunales, con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos, contabilizados durante 2008, ponen de manifiesto la enorme extensión y gravedad de la falta de transparencia y buena gestión llevada a cabo por los responsables.

La demagogia que rodea a las infraestructuras involucra a todas las administraciones. Como ejemplo, los puertos deportivos, ya que no existe ni una sola región que piense limitar el número de amarres. Tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales.

En algunos puntos de la costa, los elevados niveles de contaminación alcanzan cotas alarmantes: los polos químicos de Huelva y Tarragona o el estado de las rías gallegas deben ser solucionados sin dilación.

Mientras el desarrollo en la franja litoral siga parámetros insostenibles, jamás habrá agua para abastecer a visitantes y residentes. Se sigue permitiendo regar campos de golf con agua sin reciclar y las confederaciones hidrográficas consienten que se continúe robando agua.

El cambio climático está ya afectando a nuestro litoral con la aparición de numerosas especies marinas propias de los trópicos. La subida del nivel del mar provocará un retroceso de la línea de costa tanto en el Atlántico (con una subida estimada en 35 centímetros) como en el Mediterráneo (donde la elevación se estima entre 20 y 50 centímetros para 2050).

El modelo de desarrollo económico basado en la construcción ilimitada a costa de los recursos y patrimonio natural de todos está, a la vista de los datos económicos, muy en entredicho. Greenpeace aboga por la urgente puesta en marcha de las siguientes medidas:

Finalización de la expansión ilimitada  del urbanismo. Proteger la primera franja de 500 metros de la urbanización.

Aplicación de la Ley de Costas, terminar la delimitación del dominio público, eliminar las construcciones ilegales en el litoral y conservar los espacios costeros.

Puesta en marcha de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales implicados.

Acabar con los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas y los espacios costeros. Fortalecimiento de los planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.

Creación de reservas litorales y marinas que permitan conservar amplios tramos y aseguren la recuperación de especies, muchas de las cuales tienen un elevado valor comercial.

La incógnita en este año es saber cuál va a ser la política de costas del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Greenpeace insta al nuevo Ministerio a que comience su andadura derribando el hotel construido ilegalmente en El Algarrobico (Almería), convertido en símbolo de la degradación costera de este país.