Imágenes de activistas de Greenpeace pidiendo el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres).
Así pues, los 18 activistas de Greenpeace que aquel día se
encadenaron a una de las puertas del recinto de la instalación, a
quienes la central nuclear de Almaraz pretendió inicialmente
imputar un delito de coacciones, han sido finalmente absueltos por
el Juzgado de instrucción no. 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres),
mediante reciente sentencia emitida tras el juicio celebrado en
este Juzgado el pasado 13 de diciembre.
En su fallo, este Juzgado declara la libre absolución de los 18
activistas denunciados de las imputaciones vertidas en su contra
por la central nuclear de Almaraz basándose en una serie de
importantes fundamentos jurídicos.
En primer lugar, la sentencia determina que los hechos
denunciados (encadenarse a una de las puertas de acceso a la
central nuclear de Almaraz) no son constitutivos de infracción
penal y que procede a la absolución por la ausencia de pruebas que
desvirtúen la presunción de inocencia.
En ese sentido, la sentencia establece que en la práctica de la
prueba realizada durante el juicio, el denunciante -la central
nuclear de Almaraz- no logró demostrar que las personas denunciadas
por ella fueran las que llevaron a cabo el citado
encadenamiento.
Además, y la sentencia hace especial hincapié en ello, el
representante de la central nuclear de Almaraz, el jefe de
seguridad, quien fue testigo de los hechos denunciados, "en su
declaración mostró diversas contradicciones ante preguntas clave,
la principal referida al número de accesos a la central", como se
puede leer en la sentencia.
La sentencia valora la declaración del responsable de la central
nuclear de Almaraz como "poco creíble", lo que basa "no sólo en la
contradicción de lo afirmado, sino también por la forma de
expresarse y conducirse, así como la razón de su conocimiento".
En efecto, el responsable de seguridad de la central nuclear de
Almaraz, a pesar de llevar trabajando más de 20 años en la central,
tal y como él mismo afirmó en el juicio, mostró un sorprendente
desconocimiento sobre las características de la instalación, en
concreto del número de accesos a ella, sobre lo que se contradijo
notoria y repetidamente, aspecto éste que llevó al representante de
la Fiscalía a manifestar durante el juicio que encontraba
"sospechoso" el testimonio del denunciante.
Así, como refleja la sentencia, el jefe de seguridad de la
central nuclear, "primero aseguró que sólo existe un acceso al
terreno de la central, coincidiendo con el que fue objeto de la
acción de encadenamiento, (…), a continuación, después de declarar
que lleva 20 años trabajando en la Central Nuclear contesta a
preguntas del Letrado [de Greenpeace], de forma evasiva y tras
inconcreciones continuadas, [afirma] que existen dos puertas de
acceso y que la Guardia Civil accedió por una de ellas el día de
los hechos; finalmente, se vuelve a contradecir reconociendo al
final que, en realidad, son tres los accesos a la central
nuclear".
Greenpeace considera que con esta sentencia ha quedado en
evidencia la actitud falsa de la central nuclear de Almaraz, así
como que su verdadera intención y propósito era el de culpabilizar
y escarmentar a los activistas antinucleares para tratar de impedir
nuevas protestas, en el ejercicio del derecho de manifestación,
contra la actividad contaminante y peligrosa de esta instalación
atómica.
La organización ecologista seguirá llevando a cabo de forma
activa e independiente su labor de denuncia contra todas aquellas
actividades que ponen en riesgo la salud pública y el medio
ambiente, como es la producción de electricidad por medio de
centrales nucleares.
En este sentido, Greenpeace exige al Gobierno socialista que
cumpla su compromiso de poner en marcha antes del fin de la
legislatura un plan de cierre de las centrales nucleares, empezando
por las más viejas y peligrosas: la de Santa Mª de Garoña (Burgos)
y las dos unidades de Almaraz (Cáceres).