Comunicado de prensa - febrero 10, 2011
El Senado aprobó ayer, con 127 votos a favor y 125 en contra, la Proposición de Ley del Partido Popular (PP) que pretende dinamitar la Ley de Costas. Greenpeace rechaza esta propuesta que tiene como objetivo mantener indefinidamente la propiedad privada de las áreas de marismas, las dunas y las playas que ya se encuentran degradadas y que, si se hace efectiva, impedirá la recuperación de importantes humedales y ecosistemas litorales.
“El PP defiende esta proposición con un claro interés empresarial que favorece a una minoría que utiliza el suelo público para actividades privadas. Esto supondría un claro retroceso en la protección ambiental, la vuelta a décadas anteriores en las que el litoral era una gran parcela a urbanizar”, ha explicado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La proposición del PP se suma a otras promovidas por partidos políticos de toda índole que pretenden imponer una modificación a la carta de la ley en función de intereses muy concretos, como la propuesta de CiU (aprobada también ayer) que persigue que determinadas urbanizaciones queden al margen de la ley.
Ley de Costas fue aprobada en 1988 para garantizar la protección del litoral, el interés público y el libre acceso a las playas y acantilados. Durante sus dos décadas de vigencia, el PP ha defendido esta ley que ahora, cuando se encuentra en la oposición, tacha de “incoherente”.
“El electoralismo del PP sólo beneficia a unos pocos contra una gran mayoría que defiende el uso público del litoral y los beneficios económicos que una costa sana reporta”, ha añadido Marcos.
Greenpeace considera que deben reforzarse las políticas estatales para evitar la arbitrariedad en la aplicación de la ley y que no beneficie a una minoría sino a todos los ciudadanos, tal y como recoge la Constitución española.
La Ley de Costas española, al igual que su homólogas europeas, está avalada por el Tribunal Constitucional, sin embargo, al contrario que en otros países, otorga concesiones de ocupación a personas o entidades privadas del Dominio Público Marítimo Terrestre de hasta 60 años, lo que da muestra de la flexibilidad de la ley.