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Greenpeace denuncia la maniobra del PP en el Senado para aniquilar la Ley de Costas y privatizar el uso público del litoral

Reportaje - abril 10, 2013
* La enmienda destinada a incluir el cambio climático en la Ley de Costas tendrá graves consecuencia en la seguridad de las personas que viven en la costa.

* La ponencia en el Senado se reúne mañana jueves para informar de las enmiendas presentadas por los grupos políticos antes de que el texto se debata y apruebe el 23 de abril.



Tras analizar las 185 enmiendas a la reforma de la Ley de Costas que se han presentado en el Senado, Greenpeace lamenta la estrategia del Partido Popular para seguir rebajando la protección ambiental de la costa y su privatización.

A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente aseguró, durante el periodo de desarrollo del proyecto de Ley en el Congreso, que no se incluirían más núcleos costeros amnistiados (es decir, exentos de cumplir la Ley), el propio PP ha incluido Moaña (Pontevedra) y Xilxes (Castelló), al tiempo que CiU ha pedido la amnistía para un núcleo en Sitges. Las enmiendas responden a la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de reducir la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos o la desprotección de salinas y dunas no necesarias para el mantenimiento de la playa.

Entre todas las enmiendas, Greenpeace destaca la falta de rigor con la que el Grupo Popular en el Senado pretende abordar el cambio climático en la costa. La enmienda número 176 propone adaptar, "cuando proceda", la costa a los efectos del cambio climático. Sin embargo, esta enmienda:

  • No hace ninguna estimación sobre los efectos del cambio climático sobre la costa española. Y no contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, la isla de Formentera,  las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley.

  • El texto considera que los efectos del cambio climático en la costa sólo se entienden como regresión costera y no contemplan la inundabilidad frecuente de los tramos de costas que se inundan al menos una vez cada 11-13 años, como son los casos de Santa Pola (Alicante) o Playa de Vera (Almeria).

  • El Estado tomará medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión sólo cuando ocurran catástrofes y el mar alcance viviendas. Chocando esta propuesta con el más elemental principio de precaución.

  • El proyecto de Ley carece de una memoria económica en el que se analice con rigor el coste económico de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir los efectos del cambio climático. De hecho, los tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre. No como propone el texto, que es solventar el problema construyendo un simple espigón que frene la subida del nivel de mar.

  • Los puertos deportivos podrían acometer ampliaciones de su superficie justificando el nuevo espigón como de control del cambio climático.

  • Por último, no incluye un criterio lingüístico mínimo que cumpla el acuerdo normativo aprobado en 1991 que regula los criterios lingüísticos generales pues el texto está lleno de conceptos sin rigor técnico. De hecho, se habla de erosión grave de la costa y no de erosión permanente de la línea de costa o de "zonas en los que no exista riesgo cierto de inundación". Da por tanto, la sensación que se usa este tipo de lenguaje para buscar intencionadamente la ambigüedad y así poder aplicar arbitrariamente la Ley. Desde un aspecto técnico, es muy amplia la aplicación de un concepto tan vago como "riesgo cierto".


"Esta enmienda sobre el cambio climático nos parece de una desmedida frivolidad política. Sólo maquilla el problema de nuestro litoral para seguir facilitando la destrucción ambiental y tomar decisiones sin responsabilizarse de las consecuencias",- ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace.- "La nueva Ley de Costas no es una ley de protección ambiental es una carta blanca para legalizar los desmanes urbanísticos acaecido durante los años de burbuja inmobiliaria sin que nadie pague las consecuencias", concluye Marcos.


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