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Greenpeace insiste en los oscuros intereses que esconde la reforma de la Ley de Costas y pide su paralización inmediata

Los papeles de Bárcenas confirmarían los vínculos del PP y constructoras que denunció la organización en su informe "Amnistía a la destrucción"

Reportaje - enero 31, 2013
La reforma de la Ley de Costas, en actual trámite parlamentario en fase de aprobación de las enmiendas parciales, supone uno de los mayores retrocesos en protección ambiental de los últimos años.

jueves, 06 de septiembre de 2007

© Greenpeace

Greenpeace ha denunciado esta reforma desde que fue anunciada al considerar que se trata de un proyecto arbitrario y que sólo favorece a unos pocos. La organización ecologista presentaba en diciembre de 2012 el informe Amnistía a la Destrucción, una investigación que revelaba el posible conflicto de intereses del Partido Popular en la reforma de la Ley de Costas.

En este informe Greenpeace señalaba a varios constructores como posibles beneficiarios de esta reforma. Uno de los casos documentados era el del Grupo Villar Mir. Hoy se ha conocido a través de la prensa que su presidente, Juan Miguel Villar Mir está entre aquellos que supuestamente realizaron pagos al Partido Popular.

Greenpeace considera que, de ser cierta la información aparecida en El País, se refuerza la existencia de intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas y  demanda su retirada del Parlamento hasta que se aclaren los pagos de constructores al Partido Popular.

Juan Miguel Villar Mir posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria). Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre, se ven beneficiadas de los recortes de protección de la nueva Ley de Costas. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerína, a las órdenes de Arias Cañete es la exdirectora de Planificación de Fertiberia.

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