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Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife y WWF rechazan la reforma energética del Gobierno

Los ecologistas denuncian que la reforma energética atenta contra el medio ambiente para proteger los intereses de las grandes compañías eléctricas

Reportaje - julio 31, 2013
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF rechazan la reforma energética presentada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y denuncian que no va a solucionar los problemas del sector eléctrico.

El extenso paquete normativo, presentado en poco más de una semana, culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica. Mientras tanto, nada dice de los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por cinco grandes empresas. Este análisis erróneo llevará a España a seguir importando y quemando combustibles fósiles, en una senda insostenible tanto a nivel ambiental como económico y social, agravando la  contribución al cambio climático y destruyendo decenas de miles de empleos.

Las organizaciones ecologistas consideran que la reforma energética propuesta por el Gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro. Además, estas energías limpias fomentan la independencia energética y luchan contra el cambio climático. Sin embargo, el Ministerio de Industria se empeña en negar tales hechos, y desaprovecha las fuentes autóctonas, limpias y renovables. Un claro ejemplo de hasta dónde llega la nueva reforma en su empeño por acabar con cualquier desarrollo futuro de las energías renovables es el Real Decreto sobre autoconsumo. Dicho decreto en lugar de fomentar el autoconsumo lo penaliza con una serie de barreras que imposibilitan que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia y más barata que la consumida desde la red. Incluso, el no registrarse como autoconsumidor en el Ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros.   

El paquete normativo está diseñado para frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio). De forma retroactiva, cambia normas para inversiones que ya se han producido. Esto llevará a España a reclamaciones nacionales e internacionales, con la probable consecuencia de un coste mayor que el que se pretendía evitar, y con la segura pérdida de credibilidad del país, por lo que supone de total falta de seguridad jurídica.

Además, las organizaciones denuncian la absoluta falta de transparencia mostrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la elaboración y tramitación de todo el paquete normativo. Consideran inaceptable disponer de solo diez días para alegar una normativa de esta naturaleza e importancia, especialmente cuando viene acompañada de un paquete de 7 reales decretos, 4 órdenes ministeriales, una resolución y un proyecto de ley, precedidas de un RD-Ley.

Se han reducido los plazos para alegar al mínimo legal posible y se ha evitado cualquier posibilidad de participación y discusión por parte de la sociedad civil. Mientras, a juzgar por lo visto en los medios de comunicación y el contenido de los textos normativos, se ha mantenido un diálogo continuo con las grandes empresas del sector eléctrico. Esta ausencia de transparencia conlleva una barrera antidemocrática que hará que la norma nazca falta de la mínima legitimidad necesaria.

Las energías renovables, lejos de ser la causa de los males del sector eléctrico, son la solución para lograr un sistema energético de futuro. Ellas permitirían a nuestro país ser más competitivo, crear empleos y cumplir objetivos de emisiones y ambientales. Así lo han interpretado países como Alemania y Dinamarca que han decidido abastecerse 100% con fuentes renovables a medio plazo. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha diseñado una hoja de ruta diametralmente opuesta que solo obedece a intereses económicos de las grandes compañías eléctricas y no al interés general.


 

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