Comunicado de prensa - junio 9, 2015
• El importador y fabricante de suelos de Lugo, López Pigueiras S.A, nuevamente señalado como responsable de la importación de madera de ipé procedente del fraude en el sistema de control brasileño
Greenpeace ha publicado hoy en Brasil un informe que expone los resultados de una investigación sobre un fraude en los planes de gestión forestal en la Amazonía brasileña, fraude que tenía como objetivo el blanqueo de madera talada ilegalmente. El informe señala también que la madera ha sido exportada a mercados internacionales como el europeo, incluído el mercado español, a pesar de estar en vigor desde 2013 el Reglamento EUTR, que debería evitar la entrada de madera ilegal en los países de la UE.
El informe explica cómo la empresa maderera Agropecuaria de Santa Efigenia, en el municipio de Uruará (Estado de Pará), falsificó el inventario forestal inflando el volumen de madera de ipé dentro de la concesión forestal, con el fin de generar un exceso de créditos que puedan ser utilizados para blanquear madera de origen ilegal. Estos créditos falsos pueden utilizarse para legalizar madera, en el caso de la madera de ipé, procedente de áreas sin autorización, como las tierras indígenas y áreas protegidas, o pueden ser vendidos a otros aserraderos de la región que utilizan estos créditos con el mismo objetivo. Ambos casos son delitos ambientales castigados por la ley brasileña.
En 2014, una autorización forestal (Autef) emitida por las autoridades brasileñas a la empresa Santa Efigenia autorizó la tala de cerca de 12 mil metros cúbicos de madera de ipé, equivalente a unos 600 camiones madereros. De acuerdo con un informe técnico de la Universidad de São Paulo, que examinó el inventario del plan, el número de ejemplares de ipé en la zona declarados por la empresa fue de 1,01 árboles por hectárea, con un volumen de 5,75 m³/hectárea. Sin embargo, la literatura científica demuestra que la densidad media de esta especie en la Amazonía es de entre 0,2 y 0,4 árboles por hectárea, con un volumen de apenas 0,4 m³/hectárea, valores muy alejados del inventario forestal realizado por la empresa.
“La explotación ilegal es el primer paso a la deforestación total de estas áreas. Ya es hora de poner fin a esta situación una vez que el proceso de deforestación ha sido frenado”, “El Gobierno brasileño tiene que revisar con urgencia todos los planes de manejo aprobados desde 2006 para suspender aquellos planes e inventarios fraudulentos. Este es el primer paso hacia una reforma seria del sistema de control forestal en la región”.
En 2014, una serie de denuncias dirigidas ante el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (Semas-PA) propició una inspección en el plan de manejo de Santa Efigenia que confirmó las irregularidades denunciadas. En ese momento, los inspectores no solo encontraron que hubo fraude en el inventario forestal, especialmente para el ipé, sino que recomendó la suspensión del plan y multó a la empresa.
La suspensión y las multas no impidieron que la empresa Santa Efigenia continuara comercializando madera con los créditos excedentes, lo que indica que madera ilegal “lavada” con estos créditos entraron en el mercado nacional e internacional: el 99% del volumen de ipé autorizado se comercializó. Esta madera fue procesada por varios aserraderos ubicados en los municipios de Uruará y Placas, donde las imágenes de satélite muestran una enorme cantidad de áreas degradadas por la tala destructiva.
La Fazenda Santa Efigenia es cruzada por una carretera que entra en la Tierra Indígena Cachoeira Seca, donde vive el pueblo Arara. Gran parte de este territorio, incluyendo los alrededores de este camino, ha sufrido y sigue sufriendo numerosas invasiones de madereros. Las imágenes de satélite registran en estas áreas un intenso proceso de degradación típico de este tipo de explotación. Las imágenes tomadas durante el sobrevuelo de Greenpeace hace pocas semanas confirman la eliminación del bosque en el interior del territorio indígena.
Los principales destinos internacionales de la madera amazónica son Estados Unidos, la Unión Europea (UE), China e Israel. En 2013, solo los países de la UE importaron productos de madera tropical amazónica por valor de 148 millones de dólares. Empresas españolas habitualmente señaladas por importar madera ilegal, caso de la lucense López Pigueiras S.A. son señaladas en el informe por importar madera de la serrería brasileña Santa Efigenia.
"Las empresas importadoras no pueden confiar en los documentos oficiales de la madera procede de países y regiones donde la tala ilegal sigue siendo generalizada", ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España. "El Reglamento EUTR es una obligación para gobiernos y empresas, que prohíbe la madera ilegal, por lo que es necesario cuestionar la fiabilidad de la documentación oficial en países con tala ilegal sistemática y sistemas de control débiles y poco fiables.
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