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Activistas de Greenpeace elevan un globo aerostático demandando el cierre de la central nuclear de Garoña
Ampliar imagenEl compromiso de abandonar la energía nuclear en España está recogido en el programa electoral del PSOE para las Elecciones Generales 2004, en el Acuerdo Programático PSOE-Los Verdes y en el Discurso de Investidura ante el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Para cumplir estas promesas, el Gobierno socialista debe poner en marcha un plan de cierre de las centrales nucleares. Por motivos de seguridad, este plan debe comenzar con el cierre inmediato y definitivo de la central nuclear de Santa Mª de Garoña (Burgos), dado su peligroso funcionamiento.
La puesta en marcha de un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares permitirá poner límite a la producción de residuos radiactivos y por tanto dejar de agravar este problema, tanto medioambiental como económico. Sin embargo, no evita tener que gestionar los que ya, irresponsablemente, ha producido la industria nuclear.
Para aquellos residuos radiactivos que ya se han producido no existe ninguna solución técnica que garantice que no van a producirse efectos negativos de algún tipo para la salud humana y el medio ambiente a corto, medio o largo plazo. La evacuación segura y no contaminante de residuos radiactivos es un ideal inalcanzable.
Consenso social previo en materia de residuos radiactivos
Ante esta situación, y en el marco de un plan ya aprobado para el abandono de la energía nuclear, el Gobierno deberá supeditar su política de gestión de residuos radiactivos a la adopción previa de un amplio acuerdo social sobre esta cuestión entre todos los sectores interesados.
En este contexto, Greenpeace propone los siguientes puntos para tratar de alcanzar la solución menos mala a este terrible problema:
De esta manera, se acercarán al máximo posible los niveles de contención de la radiactividad con respecto al medio ambiente exterior, la accesibilidad (para permitir inspección y mantenimiento), la vigilancia (para asegurar la detección inmediata de cualquier fallo sobre los criterios anteriormente mencionados), la recuperabilidad (en el caso de detectarse cualquier fallo en los contenedores) y la seguridad radiológica para el público y los trabajadores.
El coste de la gestión de los residuos radiactivos, que superará los 10.000 millones de euros, y los demás costes derivados de la generación nuclear, deben ser asumidos íntegramente por las compañías eléctricas propietarias de centrales nucleares.
Greenpeace insta al Gobierno de Zapatero a que emprenda las medidas necesarias para que el coste del kilowatio-hora nuclear refleje la totalidad de los costes de la generación eléctrica de origen nuclear: minería del uranio, construcción y funcionamiento de centrales nucleares, gestión de los residuos radiactivos, desmantelamiento de las instalaciones, contaminación radiactiva, seguridad, entre otros.
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