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El Congreso aprueba por unanimidad el etiquetado eléctrico
Greenpeace celebra la decisión que obligará a las eléctricas a informar en las facturas, con un formato uniforme, sobre las fuentes de energía empleadas y su impacto ambiental
01 julio 2005
Greenpeace ha expresado su satisfacción por la decisión del Congreso,
que obligará al Ministerio de Industria a modificar el decreto que
estaba preparando en la dirección propuesta por ecologistas,
consumidores y sindicatos, a través de la campaña “QUEREMOS SABER... PARA PODER ELEGIR”.
“Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el impacto ambiental que necesitan para ejercer su derecho a elegir las fuentes de energía de la electricidad que compran” -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energía de Greenpeace España-. “Las compañías eléctricas que se dedican a engañar al consumidor con energía falsamente verde o incitando al derroche energético, lo van a tener más difícil”.
El etiquetado eléctrico ha adquirido rango de ley, gracias a una enmienda incluida la Ley de Impulso a la Productividad, que se ha aprobado hoy en el pleno del Congreso a propuesta del grupo parlamentario de ERC. El texto aprobado dice que, como medida de protección al consumidor, en el Real Decreto por el que se requiere que en las facturas eléctricas se indiquen las fuentes de procedencia de la energía, el Gobierno “velará por establecer una información sistemática en cada factura, con formato informativo uniforme para todas las empresas, que incluya elementos que faciliten la comprensión de los impactos ambientales asociados a cada fuente, que limite los porcentajes de procedencia desconocida y que garantice la rigurosidad en la procedencia de los datos”.
El Ministerio de Industria ya estaba preparando un Real Decreto que incluía el etiquetado eléctrico. Sin embargo, la propuesta ministerial había sido fuertemente criticada en el Consejo Consultivo de Electricidad, entre otros por Greenpeace, ya que permitiría a las compañías inventarse la etiqueta que indique el origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrían comparar entre lo que les ofrecen distintas compañías, y lo que es peor, equivaldría a legalizar el engaño “verde” de las eléctricas.
La diferencia fundamental entre la enmienda aprobada a la Ley de Impulso a la Productividad y el decreto propuesto por el Gobierno, es que éste no establece una etiqueta uniforme, ni en su forma ni en su contenido, con lo que cada compañía eléctrica podría presentar como quisiera la información sobre el origen de la electricidad que venden. Además, según el borrador de decreto, esa etiqueta no tendría que contener la información sobre el impacto ambiental de la electricidad suministrada ni habría ningún órgano independiente que controle la fiabilidad de la información proporcionada. La aprobación de la enmienda a la Ley obligará al Gobierno a modificar el decreto, para exigir un formato uniforme de la etiqueta eléctrica.
“Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el impacto ambiental que necesitan para ejercer su derecho a elegir las fuentes de energía de la electricidad que compran” -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energía de Greenpeace España-. “Las compañías eléctricas que se dedican a engañar al consumidor con energía falsamente verde o incitando al derroche energético, lo van a tener más difícil”.
El etiquetado eléctrico ha adquirido rango de ley, gracias a una enmienda incluida la Ley de Impulso a la Productividad, que se ha aprobado hoy en el pleno del Congreso a propuesta del grupo parlamentario de ERC. El texto aprobado dice que, como medida de protección al consumidor, en el Real Decreto por el que se requiere que en las facturas eléctricas se indiquen las fuentes de procedencia de la energía, el Gobierno “velará por establecer una información sistemática en cada factura, con formato informativo uniforme para todas las empresas, que incluya elementos que faciliten la comprensión de los impactos ambientales asociados a cada fuente, que limite los porcentajes de procedencia desconocida y que garantice la rigurosidad en la procedencia de los datos”.
El Ministerio de Industria ya estaba preparando un Real Decreto que incluía el etiquetado eléctrico. Sin embargo, la propuesta ministerial había sido fuertemente criticada en el Consejo Consultivo de Electricidad, entre otros por Greenpeace, ya que permitiría a las compañías inventarse la etiqueta que indique el origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrían comparar entre lo que les ofrecen distintas compañías, y lo que es peor, equivaldría a legalizar el engaño “verde” de las eléctricas.
La diferencia fundamental entre la enmienda aprobada a la Ley de Impulso a la Productividad y el decreto propuesto por el Gobierno, es que éste no establece una etiqueta uniforme, ni en su forma ni en su contenido, con lo que cada compañía eléctrica podría presentar como quisiera la información sobre el origen de la electricidad que venden. Además, según el borrador de decreto, esa etiqueta no tendría que contener la información sobre el impacto ambiental de la electricidad suministrada ni habría ningún órgano independiente que controle la fiabilidad de la información proporcionada. La aprobación de la enmienda a la Ley obligará al Gobierno a modificar el decreto, para exigir un formato uniforme de la etiqueta eléctrica.
