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El Congreso debate mañana una ley que hará obligatorio un etiquetado eléctrico uniforme
Las facturas eléctricas informarían de las fuentes de energía empleadas y su impacto ambiental
25 junio 2005
La demanda sigue creciendo en España de forma irracional ante la práctica inexistencia de medidas de ahorro y eficiencia energética
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La propuesta se incluiría en la Ley de Impulso a la Productividad, que
mañana se debate en el pleno del Congreso. El etiquetado eléctrico se
incorporará a la ley, si los diputados votan
favorablemente una enmienda propuesta por el grupo parlamentario de
ERC, según la cual el Gobierno, dentro de las medidas para fomentar las
energías renovables, debería aprobar un decreto que “velará por
establecer una información sistemática en cada factura, con formato
informativo uniforme para todas las empresas, que incluya elementos que
faciliten la comprensión de los impactos ambientales asociados a cada
fuente, que limite los porcentajes de procedencia desconocida y que
garantice la rigurosidad en la procedencia de los datos”.
El Ministerio de Industria ya estaba preparando un Real Decreto que incluía el etiquetado eléctrico. Sin embargo, la propuesta ministerial había sido fuertemente criticada en el Consejo Consultivo de Electricidad entre otros, por Greenpeace, ya que permitiría a las compañías inventarse la etiqueta que indique el origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrían comparar entre lo que les ofrecen distintas compañías, y lo que es peor, equivaldría a legalizar el engaño “verde” de las eléctricas.
“Los consumidores reclaman ejercer su derecho a poder elegir las fuentes de energía de la electricidad que compran, y para ello es imprescindible darles información fiable a través de un etiquetado eléctrico estándar” -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energía de Greenpeace España-. “Si de verdad se quiere que los consumidores sean conscientes de los impactos ambientales del consumo de energía, esa información tiene que estar en las facturas eléctricas, y hay que erradicar las campañas publicitarias engañosas”.
La diferencia fundamental entre la enmienda propuesta a la Ley de Impulso a la Productividad y el decreto propuesto por el Gobierno, es que éste no establece una etiqueta uniforme, ni en su forma ni en su contenido, con lo que cada compañía eléctrica podría presentar como quisiera la información sobre el origen de la electricidad que venden. Además, según el borrador de decreto, esa etiqueta no tendrá que contener la información sobre el impacto ambiental de la electricidad suministrada ni habrá ningún órgano independiente que controle la fiabilidad de la información proporcionada. La aprobación de la enmienda a la Ley obligaría al Gobierno a modificar el decreto, para exigir un formato uniforme de la etiqueta eléctrica.
Greenpeace ha propuesto un formato sencillo y claro para la etiqueta eléctrica, siguiendo el modelo de la que ya es obligatoria para indicar la eficiencia energética de los electrodomésticos. La propuesta de Greenpeace puede consultarse en el documento ¿De dónde viene la electricidad que consumimos? en www.greenpeace.es
El Ministerio de Industria ya estaba preparando un Real Decreto que incluía el etiquetado eléctrico. Sin embargo, la propuesta ministerial había sido fuertemente criticada en el Consejo Consultivo de Electricidad entre otros, por Greenpeace, ya que permitiría a las compañías inventarse la etiqueta que indique el origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrían comparar entre lo que les ofrecen distintas compañías, y lo que es peor, equivaldría a legalizar el engaño “verde” de las eléctricas.
“Los consumidores reclaman ejercer su derecho a poder elegir las fuentes de energía de la electricidad que compran, y para ello es imprescindible darles información fiable a través de un etiquetado eléctrico estándar” -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energía de Greenpeace España-. “Si de verdad se quiere que los consumidores sean conscientes de los impactos ambientales del consumo de energía, esa información tiene que estar en las facturas eléctricas, y hay que erradicar las campañas publicitarias engañosas”.
La diferencia fundamental entre la enmienda propuesta a la Ley de Impulso a la Productividad y el decreto propuesto por el Gobierno, es que éste no establece una etiqueta uniforme, ni en su forma ni en su contenido, con lo que cada compañía eléctrica podría presentar como quisiera la información sobre el origen de la electricidad que venden. Además, según el borrador de decreto, esa etiqueta no tendrá que contener la información sobre el impacto ambiental de la electricidad suministrada ni habrá ningún órgano independiente que controle la fiabilidad de la información proporcionada. La aprobación de la enmienda a la Ley obligaría al Gobierno a modificar el decreto, para exigir un formato uniforme de la etiqueta eléctrica.
Greenpeace ha propuesto un formato sencillo y claro para la etiqueta eléctrica, siguiendo el modelo de la que ya es obligatoria para indicar la eficiencia energética de los electrodomésticos. La propuesta de Greenpeace puede consultarse en el documento ¿De dónde viene la electricidad que consumimos? en www.greenpeace.es
