El Gobierno pretende subsidiar de forma encubierta a través de la tarifa eléctrica la responsabilidad civil de las nucleares

Ante esa situación, el Gobierno pretende utilizar la tarifa eléctrica para subsidiar de forma encubierta la ausencia de interés del mercado de seguros en realizar pólizas al sector nuclear para cubrir su obligación legal de hacer frente a los daños nucleares. El Gobierno hace así un nuevo favor a la industria nuclear, utilizando un mecanismo  para trasladar a los consumidores los costes que la industria atómica no quiere asumir, en una demostración de que la energía nuclear no puede subsistir sin recibir subsidios estatales.

Greenpeace considera inaceptable que el Gobierno pretenda seguir subvencionando la energía nuclear limitando la responsabilidad de los propietarios de las centrales nucleares, como se hace actualmente y mantiene el nuevo Anteproyecto de Ley.  La organización ecologista exige al Gobierno que retire este Anteproyecto de Ley y opte por establecer un régimen que establezca la responsabilidad ilimitada por los daños causados por accidentes nucleares, tal como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y otros países.

El Anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares establece que, en aplicación de nuevas disposiciones establecidas por el Convenio de París y el Convenio de Bruselas sobre responsabilidad civil nuclear, de los que España es parte, el titular de instalaciones nucleares establezca una cobertura de responsabilidad civil por una cantidad de 1.200 millones de euros.

Es al respecto cuando el citado Anteproyecto, en su Exposición de Motivos, dice literalmente: “Sin embargo, durante la tramitación de la presente Ley se ha constatado que el mercado de entidades de seguros que opera en el territorio nacional no dispone de capacidad suficiente para prestar la garantía requerida, ni tampoco puede ofrecer a los titulares, en el momento presente, aseguramiento para algunos de los daños contemplados dentro de la definición de daño nuclear, en particular de los medioambientales y de los personales que se reclamen después de transcurridos 10 años después de la fecha del accidente”.

Para solventar esta situación, el Ministerio de Industria incluye en el Anteproyecto el establecimiento de un mecanismo  en la tarifa eléctrica para “ofrecer dicha garantía para los daños no asegurables por las entidades de seguros”.

“Es muy decepcionante comprobar que el Gobierno se inclina por mantener subsidiada a una industria que, además de peligrosa, no sería capaz de sobrevivir si no fuera por la ayuda del Estado, en lugar de seguir el ejemplo de otros países que también son parte de los mismos Convenios, y que han optado por establecer una responsabilidad civil ilimitada por los daños que causen las instalaciones nucleares” -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace- “La legislación que el Gobierno propone sigue limitando la responsabilidad de los titulares de centrales nucleares hasta una cifra que, si bien se ha incrementado con respecto a la actual (de 150 M€ a 1.200 M€), está a años luz de los costes que habría que sufragar en caso de un accidente nuclear importante”.

Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias y si no pueden conseguirlas de las empresas de seguros, tendrán que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la responsabilidad atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares alemanas.

“¿Por qué motivo todos los ciudadanos tienen que corresponsabilizarse a través de la tarifa eléctrica del pago de unas indemnizaciones por unos daños de los que no han tenido culpa alguna y menos todavía si tiene la opción de obtener el suministro de electricidad de fuentes de energía limpias como las renovables y no sucias como la energía nuclear?”, ha añadido Carlos Bravo.

En realidad, en contra de lo que se ha hecho creer a la ciudadanía, tanto la legislación que se propone como la vigente no tienen como objetivo proteger a las víctimas, sino proteger a las empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente en caso de accidente. Es más, resulta incongruente que, cuando se ha tramitado en el Parlamento un Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental que consagra la responsabilidad ilimitada de las empresas por los daños medioambientales, el régimen nuclear que se propone siga protegiendo los intereses de las empresas propietarias de centrales nucleares.

En opinión de Greenpeace es urgente establecer un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares ilimitada, especialmente dado el estado de seguridad de nuestro parque nuclear. Desde el 1 de enero de 2007, se han producido la cifra récord de más de 30 sucesos de seguridad en las centrales nucleares españolas, de los cuales, aproximadamente un tercio han provocado la parada forzosa del reactor.

Estos sucesos han sido ocasionados en su mayoría por problemas técnicos y fallos de equipos, a los que hay que sumar un número nada despreciable de errores humanos. Todo ello es una demostración palpable del creciente deterioro de nuestro envejecido parque nuclear y también de la progresiva degradación de la cultura de seguridad de los operadores nucleares, más preocupados de rebajar costes y maximizar beneficios que de priorizar la seguridad de sus instalaciones atómicas.