Acción de Greenpeace. Activistas de Greenpeace 'cierran' la central de Vandellós-2 para recordar a Zapatero su compromiso de abandonar la energía nuclear. Vista del Arctic Sunrise frente a vandellós-2.
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Madrid, España —
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que el pasado viernes 12 de agosto autorizó el arranque de la central nuclear Vandellós-2, reconoce ahora en el informe técnico publicado para justificar esa decisión, que Vandellós-2, tal y como Greenpeace había denunciado días atrás, no ha cumplido íntegramente el Plan de Actuación que el propio CSN le había impuesto el pasado 12 de marzo de 2005 como condición necesaria para dar su apreciación favorable a su puesta en marcha.
Además el CSN reconoce también en dicho informe que el suceso de
corrosión del Sistema de Agua de Servicios Esenciales (sistema EF) ha
tenido consecuencias más graves de lo esperado y que van mucho más allá
de lo inicialmente reconocido por el titular de la central y por el
propio CSN. Destaca especialmente por su importancia la presencia
inesperada de agua en la solera del edificio de contención del reactor.
Greenpeace considera un grave error que el CSN se haya plegado a las
presiones de las compañías propietarias de Vandellós-2 (Endesa e
Iberdrola) y haya autorizado el arranque de la central con tan graves
deficiencias para la seguridad. Por ello exige que, al menos, la
central se mantenga parada hasta que los sistemas afectados no hayan
sido sustituidos por otros de nuevo diseño que no se vean afectados por
los fenómenos de corrosión creados por el ambiente marino.
Lo primero que destaca de la lectura del informe técnico publicado por
el CSN es la magnitud de las deficiencias provocadas por la
corrosión detectada inicialmente en el sistema EF y puesta de
manifiesto en agosto de 2004. Además de este sistema y del de
Protección Contra Incendios (sistema KC), del que apenas se había
informado a pesar de encontrarse seriamente degradado, el CSN ha
ocultado hasta ahora que estaban afectados otros sistemas de agua de la
central, de diverso grado de importancia para la seguridad, así como
conductos eléctricos y cables enterrados de alimentación eléctrica y de
control de equipos e incluso el “liner” de la contención (revestimiento
metálico de la contención). Destaca sobre todo esto ultimo, ya que el
CSN, según su informe, sólo ha tenido noticia de ello durante las
actividades en la recarga debido a que el titular no había informado,
en una nueva muestra de grave falta de transparencia y de colaboración
con las autoridades de seguridad.
"Es especialmente grave que el CSN
reconozca ahora, con la decisión del arranque de Vandellós-2 ya tomada,
y a pesar de sus promesas de total transparencia, que la central se
encuentra en condiciones mucho peores de lo que inicialmente se había
admitido" -declaró Carlos Bravo, responsable del Área de Energía de Greenpeace.- "Esta
política de hechos consumados por parte del CSN es una burla a todos
los ciudadanos y en especial a los parlamentarios que participaron en
la Ponencia del Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados que
investigó este suceso, a quienes no se informó del alcance de los
daños".
Aunque el informe del CSN no detalla el estado de degradación y las
reparaciones efectuadas en los sistemas y componentes afectados, pone
de manifiesto que la central y el CSN han tratado de minimizar las
consecuencias del suceso. Greenpeace exige por ello que se repita la
clasificación del suceso teniendo en cuenta todos los sistemas, equipos
y componentes de la central afectados y no sólo el sistema EF como se
hizo en el informe aprobado por el CSN el 1 de junio pasado.
Se confirma, tal y como Greenpeace había adelantado, que el CSN ha
acordado autorizar el arranque de la central con una serie de
deficiencias que aún no se han resuelto completamente. En primer lugar,
los análisis realizados en el sistema EF, el más directamente afectado
por el suceso, han puesto en evidencia nuevos tipos de defectos y
"patologías" que no se había tenido en cuenta anteriormente y que
afectan a múltiples puntos del sistema. A pesar de su gravedad,
el CSN se escuda en que el avance de la corrosión es un fenómeno lento
y por ello concede a la central un plazo de dos ciclos de operación
para cambiar el diseño de las tuberías del sistema EF. Sin embargo, el
estado de las tubería es tal que el titular ha pedido al CSN que no se
realicen nuevas pruebas hidráulicas hasta su sustitución y, aunque ello
no ha sido admitido, la prueba hidráulica que se realizará en la
recarga del 2006 se hará a presión inferior a la de diseño, lo que
resulta intolerable.
De manera similar, en el sistema KC, seriamente afectado por la
corrosión, tan sólo se han realizado reparaciones para salir del paso,
cuando lo necesario es un rediseño completo del sistema, tal como se
apunta en el informe. Tampoco se aclara el origen del agua aparecido en
la solera de la contención y ni siquiera si están previstas para antes
del arranque medidas a implantar para evitar que continúe la
degradación. Esto se queda, al igual que otras cosas, para un futuro
incierto. El acondicionamiento de las arquetas del sistema EF tampoco
estará a tiempo para el arranque, ya que el CSN ha concedido una
exención a la central para que no tengan que estar reparadas antes del
mismo como exigía el Plan de Actuación. El CSN, a pesar de la
importancia del suceso, ha decido ampliar el plazo para la ejecución de
otras actividades que estaban también previstas en el Plan.
Greenpeace reitera su convencimiento de que las centrales nucleares son
instalaciones peligrosas que tienen un impacto inaceptable sobre medio
ambiente, por lo que exige al Gobierno socialista que cumpla su promesa
de abandono de la energía nuclear en el menor plazo posible. Como ha
quedado probado en el suceso de Vandellós-2, los problemas no afectan
sólo a centrales nucleares viejas como Zorita y Garoña, sino que es un
hecho generalizado. Además, al igual que ha ocurrido en otras
instalaciones, es una constante en todas las centrales nucleares las
deficiencias y fallos graves en la cultura de seguridad, anteponiendo
siempre sus titulares el interés económico a la seguridad.
El CSN, y en especial su presidenta Mª Teresa Estevan Bolea, ha tenido
una evidente responsabilidad en todos los hechos ocurridos en relación
con el suceso de Vandellós-2, dando muestras reiteradas de ser un
organismo que actúa de manera parcial, en defensa de los intereses de
la industria. Greenpeace considera imprescindible y urgente una reforma
en profundidad del organismo que debe velar por la seguridad de las
centrales para eliminar el trato de favor a las empresas eléctricas y
conseguir que sea un organismo verdaderamente independiente de la
industria nuclear, que funcione con total transparencia y en el que la
participación del público sea una constante y no la excepción.