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Según ISF y Greenpeace, la prioridad de la AOD debe ser la lucha contra la pobreza, lo que debe ser compatible con la adaptación y minimización del cambio climático. Por ello, consideran que no debe destinarse el dinero público procedente de la AOD a financiar ni subvencionar las inversiones de empresas privadas españolas dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.
"Los fondos de la AOD no deben desviarse hacia los mecanismos de Kioto, pues deben seguir siendo instrumentos diferentes, pero ambos deben ser coherentes y coincidir en que el destino prioritario deben ser las energías renovables y la eficiencia energética" -ha declarado Raquel Montón, responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace.
El 83% de la AOD española en materia de energía entre 1997 y 2002 se realizó a través de la modalidad de ayuda ligada, esto es, vinculada a que los bienes o servicios aportados se adquieran en el país donante, mientras la media mundial es del 15%. Además, el 90% de la AOD española (porcentaje sólo superado por Japón) se realizó a través de la modalidad de ayuda reembolsable, que es aquella que se realiza a través de créditos y, por tanto, implica la devolución por parte del receptor con determinadas condiciones. Ambas modalidades reflejan una clara contradicción con las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo. Este comité está formado por un grupo de 22 países donantes junto con la Comisión Europea; controla las actividades de la ayuda y establece criterios sobre la misma. Forman parte del mismo la mayoría de los países de la OCDE.
"Es imprescindible avanzar en la desvinculación de la AOD española y realizar una revisión en profundidad de los instrumentos de ayuda reembolsable, ya que se han mostrado poco útiles para promover el desarrollo en los Países Menos Adelantados y en los países pobres altamente endeudados" – ha declarado Eduardo Sánchez, Director de Estudios y Campañas de Ingeniería Sin Fronteras.
Atendiendo al tipo de sectores, únicamente el 19% de la ayuda al sector de la energía fue destinado a energías renovables.
"En vez de ayudar al desarrollo de los países más pobres en su lucha contra el cambio climático, parece que en realidad se está favoreciendo la introducción y desarrollo de empresas españolas de energía sucia en esos países. Además de condenarlos a depender de los combustibles fósiles e intensificar el cambio climático, esta política va en contra de un modelo de desarrollo sostenible" -añadió Raquel Montón.
Una vez valorada la calidad de la AOD en materia de energía, y teniendo en cuenta que el derecho al desarrollo humano es inapelable y legítimo, y que existe una relación indiscutible entre la pobreza y el cambio climático, Ingeniería Sin Fronteras y Greenpeace proponen al Gobierno:
Hay 815 millones de personas que sufren malnutrición crónica, la principal causa de esto es el mal reparto de los alimentos, pero además el cambio climático está acentuando el hambre y dificultando la seguridad alimentaria. Según el International Rice Research Institute, con sede en Filipinas, por cada ºC de aumento de temperatura se produce una reducción del 10% en la producción de arroz. Es previsible que el paludismo, segunda causa de muerte entre los 5 y 14 años en países en desarrollo, se expanda por el cambio climático. La expansión del paludismo aumentará las zonas de influencia de esta enfermedad, pudiendo afectar a más de 300 millones de personas en 2080.
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