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El maíz Bt-11 de Syngenta es el primer transgénico que se aprueba en la UE desde 1998. A pesar de que los Estados miembros no lo han aprobado, la Comisión ha hecho uso de su capacidad de conceder la autorización unilateralmente. Al sacarla adelante, los Comisarios de la UE han ignorado los interrogantes sobre la seguridad del Bt-11, la falta de apoyo mayoritario de los Estados miembros y el deseo de la gran mayoría de los consumidores europeos, que han afirmado que no quieren organismos modificados genéticamente en sus alimentos.
Greenpeace pide ahora a los Estados miembros que se han opuesto al Bt-11 (Francia, Austria, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal y Grecia votaron contra la aprobación en el Consejo de Agricultura del pasado 26 de abril) que mantengan su postura y prohiban el producto en su territorio en virtud del artículo 12 del Reglamento sobre Nuevos Alimentos. "Los Estados miembros que votaron reiteradamente contra la autorización del Bt 11 deben plantar cara a la arrogancia de la Comisión, mantener su postura y prohibir el producto en su país", aclara Juan Felipe Carrasco. Ya existen precedentes de prohibiciones nacionales con otros transgénicos en Francia, Austria, Luxemburgo, Alemania, Grecia y el Reino Unido.
El maíz dulce Bt-11 ha sido modificado genéticamente para producir una toxina que en estado natural sólo se produce en bacterias. Todavía siguen sin resolverse las dudas que se han planteado en la fiabilidad tanto de los datos suministrados por Syngenta como de la evaluación del Comité Científico sobre Alimentos de la UE. Estas preocupaciones llevaron a las autoridades francesas a afirmar en un informe de noviembre pasado que no se pueden excluir efectos inesperados, debido a una interferencia de la transformación genética con el metabolismo específico de este maíz. "Es absolutamente irresponsable autorizar un producto destinado al consumo humano cuando existen tales dudas sobre su seguridad", ha denunciado Juan Felipe Carrasco.
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