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Greenpeace considera que las renovables están indefensas sin una Ley que las proteja
La organización señala que los consumidores seguirán gastando más y sin poder elegir
15 diciembre 2006
Activistas de Greenpeace escalando la chimenea de una térmica de carbón para pedir más energías renovables y menos CO2.
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Greenpeace considera que para lograr que las energías renovables vayan
desplazando a las contaminantes es necesario mantener un sistema
estable y predecible de incentivos que haga más atractivo invertir en
energía limpia que en sucia, y esto sólo se logrará con una adecuada
Ley de Energías Renovables. Por otro lado, hay que permitir a los
consumidores elegir electricidad limpia, para lo que se necesitan con
urgencia unas tarifas que reflejen los costes reales.
“La propuesta del Gobierno sobre el régimen especial discrimina a la energía eólica respecto a la nuclear, y sus efectos muy positivos para la energía solar en general no son creíbles, porque esta es la cuarta vez que se cambia el sistema de apoyo a las renovables y se podrá volverá a cambiar arbitrariamente mientras no haya una Ley de Renovables”, ha declarado José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad. “En cuanto al decreto de tarifas, los consumidores seguirán condenados a derrochar energía, engañados por unas tarifas que no dicen la verdad, y sin poder elegir el origen de la electricidad que compran”.
DECRETO DEL RÉGIMEN ESPECIAL: LAS RENOVABLES, INDEFENSAS
La propuesta del Gobierno es la mejor prueba de la necesidad de una Ley de Renovables, única forma que garantizar un marco de estabilidad y confianza para las inversiones en renovables, con objetivos firmes y ambiciosos y que obliguen a la Administración Pública a su cumplimiento, y con escenarios predecibles de rentabilidad. Pero el decreto propuesto por Industria, que sería el cuarto en la historia española sobre el régimen especial, vuelve a cambiar las reglas del juego, incluso para inversiones ya realizadas o comprometidas, lo cual resta credibilidad a todos sus contenidos, tanto los que mejoran como los que empeoran las condiciones actuales.
La gran perjudicada sería la energía eólica, a la que no sólo se le reducen las primas a la tercera parte, sino que podría sufrir incluso “primas negativas”, es decir, que a partir de un cierto nivel de precio de la energía en el mercado, los eólicos tendrían que devolver dinero, mientras generadores sucios como los nucleares seguirían ganando cada vez más. Otros aspectos negativos del decreto son: convierte los objetivos del Plan de Renovables en “límites” máximos de potencia a instalar, permite que las centrales térmicas de carbón acaparen los escasos recursos de biomasa, sigue primando la incineración de residuos, margina a las instalaciones fotovoltaicas en edificios, no introduce ningún objetivo para eólica marina y nuevas energías renovables como la de las olas, las chimeneas solares o los discos solares parabólicos seguirán fuera de juego.
El aspecto más positivo del decreto es el mejor tratamiento de las centrales termosolares, que aseguran su rentabilidad y podrán funcionar en todo momento gracias a la hibridación con biomasa. También se ven favorecidas las centrales fotovoltaicas y muchas formas de biomasa.
TARIFAS: LOS CONSUMIDORES SEGUIRÁN GASTANDO MÁS Y SIN PODER ELEGIR
La subida propuesta de un 4,6% de media y un 2,8% para los consumidores domésticos es un claro perjuicio para los consumidores, no porque “les suba la luz”, que seguirá costando menos del 2% de la economía familiar, sino porque les impide elegir el origen de la electricidad que compran (ningún comercializador, que son los que podrían presentar ofertas de electricidad limpia, puede competir con una tarifa más baja que el coste de la energía) y porque les hará gastar más (está demostrado que los precios bajos de la energía provocan mayor gasto energético).
El sistema propuesto es absurdo e insolidario, ya que obliga a los consumidores de 2007 a soportar un recargo por el déficit de años anteriores (es decir, lo que no pagaron los consumidores de esos años) de 832 millones de euros, y además obligará a los consumidores de los próximos 15 años a soportar recargos por lo que dejemos de pagar en 2007. De hecho, la propuesta del Gobierno reconoce que la tarifa no refleja los costes reales, y de entrada genera un déficit de 750 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2007.
Lo más frustrante es que la propuesta contiene cambios fundamentales en la buena dirección, pero que quedan suspendidos en la práctica al no atreverse el Gobierno siquiera a empezar a acercar las tarifas a los costes reales. Cuando esto se produzca, se podrán empezar a constatar los efectos positivos de conceptos incluidos en el decreto, tales como la posibilidad de optar a tarifas menores si se realizan medidas de gestión de la demanda, la separación de tarifas domésticas según niveles de potencia contratada (aunque sería más lógico según niveles reales de consumo) o la imputación de mayores subidas a los grandes consumidores de energía (industrias).
Medidas como éstas son las que defiende la Campaña por el derecho a elegir electricidad limpia, impulsada por Greenpeace, Unión de Consumidores de España-UCE, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España-UDP, Asociación General de Consumidores-Confederación ASGECO, Confederación de Consumidores y Usuarios–CECU y Confederación Española de Consumidores y Usuarios-HISPACOOP.
Según Greenpeace, si se quiere tratar de evitar que los precios de la energía suban, no tiene sentido camuflarlos con tarifas engañosas, sino evitar las causas oficialmente reconocidas: el aumento del coste de los combustibles (favoreciendo una mayor sustitución por renovables) y el coste de los derechos de emisión (dejando de regalárselos a las eléctricas). Para empezar, habría que eliminar costes injustificados que están en la tarifa propuesta por el Gobierno, como 25 millones de euros para la central térmica de carbón Elcogas (subvención descarada a una tecnología ruinosa), 52 millones para la gestión de los residuos radiactivos (en vez de que los paguen los dueños de las centrales nucleares), 80 millones de premio por quemar carbón (combustible contaminante doblemente subvencionado al contar con un impuesto especial y con el regalo de derechos de emisión).
“La propuesta del Gobierno sobre el régimen especial discrimina a la energía eólica respecto a la nuclear, y sus efectos muy positivos para la energía solar en general no son creíbles, porque esta es la cuarta vez que se cambia el sistema de apoyo a las renovables y se podrá volverá a cambiar arbitrariamente mientras no haya una Ley de Renovables”, ha declarado José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad. “En cuanto al decreto de tarifas, los consumidores seguirán condenados a derrochar energía, engañados por unas tarifas que no dicen la verdad, y sin poder elegir el origen de la electricidad que compran”.
DECRETO DEL RÉGIMEN ESPECIAL: LAS RENOVABLES, INDEFENSAS
La propuesta del Gobierno es la mejor prueba de la necesidad de una Ley de Renovables, única forma que garantizar un marco de estabilidad y confianza para las inversiones en renovables, con objetivos firmes y ambiciosos y que obliguen a la Administración Pública a su cumplimiento, y con escenarios predecibles de rentabilidad. Pero el decreto propuesto por Industria, que sería el cuarto en la historia española sobre el régimen especial, vuelve a cambiar las reglas del juego, incluso para inversiones ya realizadas o comprometidas, lo cual resta credibilidad a todos sus contenidos, tanto los que mejoran como los que empeoran las condiciones actuales.
La gran perjudicada sería la energía eólica, a la que no sólo se le reducen las primas a la tercera parte, sino que podría sufrir incluso “primas negativas”, es decir, que a partir de un cierto nivel de precio de la energía en el mercado, los eólicos tendrían que devolver dinero, mientras generadores sucios como los nucleares seguirían ganando cada vez más. Otros aspectos negativos del decreto son: convierte los objetivos del Plan de Renovables en “límites” máximos de potencia a instalar, permite que las centrales térmicas de carbón acaparen los escasos recursos de biomasa, sigue primando la incineración de residuos, margina a las instalaciones fotovoltaicas en edificios, no introduce ningún objetivo para eólica marina y nuevas energías renovables como la de las olas, las chimeneas solares o los discos solares parabólicos seguirán fuera de juego.
El aspecto más positivo del decreto es el mejor tratamiento de las centrales termosolares, que aseguran su rentabilidad y podrán funcionar en todo momento gracias a la hibridación con biomasa. También se ven favorecidas las centrales fotovoltaicas y muchas formas de biomasa.
TARIFAS: LOS CONSUMIDORES SEGUIRÁN GASTANDO MÁS Y SIN PODER ELEGIR
La subida propuesta de un 4,6% de media y un 2,8% para los consumidores domésticos es un claro perjuicio para los consumidores, no porque “les suba la luz”, que seguirá costando menos del 2% de la economía familiar, sino porque les impide elegir el origen de la electricidad que compran (ningún comercializador, que son los que podrían presentar ofertas de electricidad limpia, puede competir con una tarifa más baja que el coste de la energía) y porque les hará gastar más (está demostrado que los precios bajos de la energía provocan mayor gasto energético).
El sistema propuesto es absurdo e insolidario, ya que obliga a los consumidores de 2007 a soportar un recargo por el déficit de años anteriores (es decir, lo que no pagaron los consumidores de esos años) de 832 millones de euros, y además obligará a los consumidores de los próximos 15 años a soportar recargos por lo que dejemos de pagar en 2007. De hecho, la propuesta del Gobierno reconoce que la tarifa no refleja los costes reales, y de entrada genera un déficit de 750 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2007.
Lo más frustrante es que la propuesta contiene cambios fundamentales en la buena dirección, pero que quedan suspendidos en la práctica al no atreverse el Gobierno siquiera a empezar a acercar las tarifas a los costes reales. Cuando esto se produzca, se podrán empezar a constatar los efectos positivos de conceptos incluidos en el decreto, tales como la posibilidad de optar a tarifas menores si se realizan medidas de gestión de la demanda, la separación de tarifas domésticas según niveles de potencia contratada (aunque sería más lógico según niveles reales de consumo) o la imputación de mayores subidas a los grandes consumidores de energía (industrias).
Medidas como éstas son las que defiende la Campaña por el derecho a elegir electricidad limpia, impulsada por Greenpeace, Unión de Consumidores de España-UCE, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España-UDP, Asociación General de Consumidores-Confederación ASGECO, Confederación de Consumidores y Usuarios–CECU y Confederación Española de Consumidores y Usuarios-HISPACOOP.
Según Greenpeace, si se quiere tratar de evitar que los precios de la energía suban, no tiene sentido camuflarlos con tarifas engañosas, sino evitar las causas oficialmente reconocidas: el aumento del coste de los combustibles (favoreciendo una mayor sustitución por renovables) y el coste de los derechos de emisión (dejando de regalárselos a las eléctricas). Para empezar, habría que eliminar costes injustificados que están en la tarifa propuesta por el Gobierno, como 25 millones de euros para la central térmica de carbón Elcogas (subvención descarada a una tecnología ruinosa), 52 millones para la gestión de los residuos radiactivos (en vez de que los paguen los dueños de las centrales nucleares), 80 millones de premio por quemar carbón (combustible contaminante doblemente subvencionado al contar con un impuesto especial y con el regalo de derechos de emisión).
