Greenpeace pide la paralización del puerto de Granadilla

La oposición de la organización ecologista a este proyecto desde sus comienzos culmina con la visita del barco de la organización ecologista a Tenerife. El “Arctic Sunrise” ha cruzado todo el Atlántico para recalar en aguas canarias debido a la gravedad del proyecto que Greenpeace define como uno de los mayores atentados en toda la costa española.

"Con la llegada del Arctic Sunrise a Tenerife Greenpeace quiere señalar que el Puerto de Granadilla es una de las mayores amenazas presentes litoral español tal y como lo demuestran numerosos estudios económicos y ambientales" ha declarado María José Caballero, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.

El informe presentado hoy hace un repaso a los principales daños que el puerto causaría a los espacios naturales presentes en la costa de Granadilla, así como a las especies que lo habitan. También analiza el comportamiento de las diferentes administraciones nacionales y autonómicas que han apoyado el proyecto utilizando una serie de argumentos que, en muchos casos, se han demostrado incorrectos e interesados. Es el caso de la justificación del Puerto de Granadilla debido a una supuesta imposibilidad de ampliar el Puerto de Santa Cruz, que posteriormente se demostró falsa, o la necesidad de ampliar el Aeropuerto Tenerife Sur, cuyo único fin es conseguir el material de relleno para la construcción del puerto industrial en el sur de la isla.

En el apartado de conclusiones Greenpeace destaca que:

• El proyecto infravalora los costes y sobrevalora los beneficios del Puerto de Granadilla.
• El beneficio del proyecto se centra en la fase de construcción, ya que durante la fase de explotación la rentabilidad económica desaparecerá en gran parte debido a las condiciones climatológicas extremas presentes en esta zona.
• El proyecto arruinará las mejores playas naturales de Tenerife. Probablemente la más afectada será la de El Médano que, debido a la presencia de un puerto en su extremo, llegará a desaparecer completamente.
• La Declaración de Impacto Ambiental está basada en argumentaciones falsas y adolece de rigurosidad.
• Algunas de las medidas compensatorias aprobadas carecen de viabilidad, como el caso de los trasplantes de las praderas submarinas de sebadales.
• Las últimas modificaciones introducidas en el proyecto no solucionarán los problemas ambientales ya que el dique del puerto seguirá obstruyendo la circulación de arena desde el norte al sur. Además, sigue vigente el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla, que adscribe una superficie mucho mayor a la que ocupa el último proyecto aprobado.
• La última justificación para el proyecto del puerto, la necesidad de introducir el gas natural en Tenerife, condena a la isla a alejarse de la eficiencia energética y niega las posibilidades de desarrollo de las energías renovables y, por tanto, del Protocolo de Kioto. Además, la ubicación de una planta regasificadora en el Puerto de Granadilla no ha sido incluida en el proceso de evaluación de impacto ambiental por lo que es ilegal.

Greenpeace concluye el informe con una serie de demandas:

• La retirada del proyecto del Puerto de Granadilla por los daños ambientales que lleva aparejado.
• La revocación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
• La derogación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla.
• La apuesta firme y definitiva del Gobierno de Canarias en favor de las energías renovables y de la eficiencia energética.

Greenpeace ha querido destacar también en el informe el papel desempeñado por la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno canario que ocultó informes elaborados por sus propios técnicos informando de los graves impactos sobre los espacios protegidos presentes en la zona, y sobre especies protegidas como la Tortuga Boba (Caretta caretta) o la planta Piña de Mar (Atractylis preauxiana) que, finalmente, no quedaron recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por el Ministerio de Medio Ambiente.

Una de las principales conclusiones del informe de Greenpeace es que sólo las instituciones europeas han sido las únicas que, hasta el momento, se han preocupado por hacer cumplir la legalidad en este caso. En agosto de 2004, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea remitió un escrito al Estado español en el que reconocía que el proyecto incumplía claramente las condiciones previstas en la Directiva europea relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. El Ministerio de Medio Ambiente, tras llegar a un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, remitió una respuesta a la Comisión Europea, documento que este ministerio se ha negado a facilitar a Greenpeace.

El informe también recoge el maltrato dado por las instituciones a la sociedad tinerfeña. El caso más escandaloso ha sido la negativa del Parlamento de Canarias a tomar en consideración el debate de una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 56.000 canarios para estudiar la protección de la costa noreste de Granadilla. Se trata de la primera vez que el Parlamento autonómico toma una medida de estas características y, a juicio de Greenpeace, pone de manifiesto los enormes intereses ocultos tras el proyecto de Granadilla.