La Junta de Andalucía se escuda en el Ministerio de Medio Ambiente para eludir su responsabilidad en el Algarrobico

Greenpeace lleva varios meses tratando de que la Junta de Andalucía reconozca sus responsabilidades en el caso de la construcción ilegal del hotel de la playa de El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).

En la última carta remitida por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a Greenpeace, el delegado en Almería, Juan José Luque, olvida y elude el papel decisivo que una Administración como la Junta de Andalucía ha de cumplir ante un supuesto tan grave y llamativo como el de la playa de El Algarrobico.

En su contestación a la Junta de Andalucía, la organización ecologista ha lamentado que ésta se autoexculpe de sus evidentes responsabilidades al no intervenir en tiempo y forma en este asunto.  Parte de dicha exculpación se basa en trasladar las culpas al Ministerio de Medio Ambiente acusándole de no haber emitido “ninguna sugerencia, advertencia o revisión desde la perspectiva de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre al Plan Parcial recogido en las NNSS de Carboneras” (extracto de la carta enviada a Greenpeace). La organización ha remitido al delegado provincial las copias de los informes de la Dirección General de Costas donde queda claramente reflejado que el Ministerio considera desde 1995 que el hotel de El Algarrobico incumple la Ley de Costas al no respetar los 100 metros de distancia a la ribera de mar.
    
Greenpeace ha recordado al delegado que la Junta de Andalucía no sólo tiene competencias urbanísticas, sino también competencias en materia de medio ambiente, en virtud de las cuales tiene obligación de garantizar y salvaguardar el litoral en la acepción más amplia del término. Además, ha repasado las ocasiones en las que la Junta de Andalucía debía haber actuado para paralizar la construcción del hotel de Azata.

Greenpeace ha recordado a la Junta de Andalucía que, a pesar de su falta de actuación en el pasado, en la actualidad tiene la obligación de actuar a la vista de los nuevos argumentos que han surgido en este caso: la declaración del deslinde del dominio público marítimo-terrestre realizada en noviembre de 2005 por el Ministerio de Medio Ambiente que afecta de forma directa a la legalidad del hotel.

Igualmente destacable es la paralización de las obras del hotel decretadas por el Juez del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería el pasado mes de febrero y la apertura de un expediente contra España por parte de la Comisión Europea al no haberse realizado la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto a pesar de situarse en un Lugar de Importancia Comunitaria. Por último, Greenpeace considera como un hecho muy grave la actual tramitación de nuevos instrumentos de protección del Parque, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), en los que no se contempla en absoluto la situación creada en El Algarrobico, ni medidas de ningún tipo para preservar esa parte del litoral.

“La Junta de Andalucía ha dejado pasar muchas ocasiones para actuar a pesar de que estaba obligada a ello. Aún no es demasiado tarde para que asuma su responsabilidad y proteja esta tramo de litoral de forma efectiva. Nos preocupa que la Junta esté permitiendo la destrucción de la costa y su paso a manos de las constructoras ” ha declarado María José Caballero, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.

Especialmente preocupante es el hecho de que éste no es el primer caso en el que la Junta de Andalucía deja pasar oportunidades para aplicar la legalidad. En este sentido Greenpeace ha remitido tanto al Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, como a la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un documento que recoge algunos de los casos en los que la urbanización ha ganado a la protección ambiental:

El caso de las normas subsidiarias de Marina de Agua Amarga en el que la Junta de Andalucía no informó al TSJ de Andalucía de la  clasificación del espacio como Hábitat Prioritario y Exclusivo y no recurrió la sentencia.

El caso de las normas subsidiarias (NNSS) de Níjar por las que este ayuntamiento planteaba la urbanización espacios protegidos por el PORN de Cabo de Gata-Nijar. La Junta no presentó la planimetría del PORN que acreditaba la protección de los espacios protegidos, por lo que el TSJA declaró los terrenos urbanizables en contra de lo dispuesto en por la Ley 4/89 y de la jurisprudencia del propio TSJA. En este caso la Junta de Andalucía recurrió la sentencia posteriormente y se está a la espera de la sentencia firme.

El caso de un particular que recurrió las NNSS de Níjar que habían declarado no urbanizables sus terrenos. La Junta no aportó los planos del PORN que acreditaban la protección de estos terrenos, que fueron declarados urbanizables. La Junta tampoco ha recurrido la sentencia que permite la urbanización del terreno, hoy en propiedad de la empresa URBIS.

El caso de Azata para que no se realizase Evaluación de Impacto Ambiental sobre terrenos colindantes a El Algarrobico protegidos por el PORN y declarados ZEPA y LIC. Se desconoce exactamente la motivación de la sentencia que declara que no debe realizarse evaluación de impacto ambiental. Al tiempo que se conocía esta sentencia del TSJA se sabía que la Comisión Europea había abierto un expediente contra España por este motivo.

El caso de Punta Isleta, que pretendía que se declaren urbanizables espacios protegidos por el PORN. En este caso la Consejería de Medio Ambiente aportó una plano del PORN donde el espacio urbanizable de la Isleta del Moro era unas cuatro veces superior a lo que declara el PORN y se correspondía exactamente con la propuesta de urbanización de Punta Isleta. Posteriormente la Consejería aportó otro plano, que aunque ilegible, era la copia legal del mapa publicado en el BOJA. El pleito está en fase de conclusiones finales.