Hoy, durante la conferencia sobre "Madera ilegal, gobierno y comercio",
organizada por FERN, Greenpeace y WWF/Adena, y celebrada en el
Parlamento Europeo, se ha presentado un comunicado conjunto de las tres
ONG al que se han sumado más de setenta empresas europeas. Compañías
como B&Q y Homebase and Habitat (británicas), Castorama (francesa),
IKEA y Skanska (suecas), Unital (Unión de empresas madereras
italianas), JYK Nordic (danesa) y Puertas Luvipol (española) están
pidiendo una legislación que defienda una competencia justa y mercados
sostenibles.
"
Los bosques de muchas regiones del planeta están siendo asolados por intereses económicos de unos pocos", afirmó Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace. "
Es
necesario actuar urgentemente para garantizar una gestión sostenible de
este bien común, con la plena implicación de las poblaciones locales y
dentro del marco del desarrollo sostenible y la reducción de la
pobreza".
"Las importaciones baratas de madera ilegal y el
incumplimiento de algunos requisitos sociales y medioambientales
básicos desestabilizan los mercados internacionales, amenazan a los
empleos y crean competencia injusta. Sin una estructura legal clara en
Europa, las empresas con comportamiento responsable y que invierten en
prácticas sostenibles estarán siempre en desventaja", ha declarado
André de Boer, Director de la Federación Alemana de Importadores de
Madera.
Las talas ilegales contribuyen en gran medida a la
destrucción de la biodiversidad y al empobrecimiento de millones de
personas que dependen del bosque para obtener alimento e ingresos.
Además agravan los conflictos sociales y suelen estar asociadas al
crimen organizado.
Para afrontar este problema la Comisión Europea
adoptó en mayo de 2003 un Plan de Acción para el cumplimiento de la
legislación forestal, gobernanza y comercio (FLEGT, en sus siglas en
inglés) y presentó al Consejo Europeo una propuesta de acuerdos comunes
voluntarios con los países productores con vistas a mejorar la gestión
en el sector forestal y poner en práctica un sistema de trazabilidad
que asegure que en la UE sólo entra madera legal. Aunque la propuesta
podría tener un impacto positivo, bajo ciertas condiciones, las ONG y
la industria coinciden en que una propuesta de acuerdos voluntarios es
una medida insuficiente para atajar el problema.
"Lo atípico del sector de la madera es que no
asegura a los consumidores la legalidad de los productos que
adquieren", afirmaron Fiona Hall y Chris Davies, europarlamentarios del
grupo ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas por Europa). "Como
europarlamentarios, queremos defender el interés público y exigimos que
la Comisión entregue el informe sobre opciones legales para atajar las
talas ilegales que prometió para mediados de 2004".
Las ONG medioambientales también han resaltado que
las extracciones insostenibles de madera y su comercialización pueden
ser tan destructivas como las de madera ilegal. Y que, por lo tanto, es
necesario que la UE tenga claro que acabar con las talas ilegales es
sólo el primer paso para conseguir una gestión forestal sostenible.
"Al ser uno de los mayores importadores de madera ilegal y sus
productos derivados, la UE tiene el deber de asumir su responsabilidad
para detener estas actividades", dijo Beatrix Richards, de la Oficina
de Política Forestal Europea de WWF. "La industria y las ONGs se han
unido para decirle a la UE que debe tomar medidas inmediatas para
definir la responsabilidad corporativa en este sector, mediante la
adopción de una nueva legislación y la promoción de una gestión
forestal sostenible en todo el planeta".
Notas
Este posicionamiento de la industria sigue a la publicación de un
comunicado similar firmado por 180 ONG y al anuncio de una proposición
legislativa presentada por FERN, Greenpeace y WWF en diciembre de 2004.
El comunicado de la industria maderera, el comunicado de las ONG, la
propuesta legislativa y detalles sobre la conferencia de hoy están
disponibles en
WWF y
GP-Internacional
Las talas ilegales suelen estar asociadas con la corrupción y el crimen
organizado y, según estimación del Banco Mundial, suponen pérdidas
económicas a los gobiernos en vías de desarrollo de entre 10 y 15 mil
millones de euros anuales. Esto sobrepasa el presupuesto anual que la
Comisión Europea destina a ayuda al desarrollo, aproximadamente 10.000
millones de euros. La FAO (Organización de la Alimentación y la
Agricultura de Naciones Unidas) afirmó en un informe publicado el mes
pasado que una mejor gestión forestal es crucial para reducir los
conflictos y evitar guerras en regiones como África.
En el Consejo de Agricultura del próximo 30 de mayo se debatirá el
FLEGT. La Dirección General de Comercio de la UE, en representación del
Presidente de la Comisión, Jose Manuel Durão Barroso envió una carta a
Greenpeace en la que se puede leer: “Es nuestra intención presentar al
Consejo nuestra valoración sobre medidas legislativas adicionales antes
del próximo parón veraniego”.
Una crítica completa y recomendaciones políticas concernientes al
sistema de licencias del FLEGT y los acuerdos comunes en
GP-UE