Preocupación por la alternativa del Gobierno al trasvase del Ebro

Greenpeace planteó el pasado mes de mayo en su documento sus dudas sobre los datos en que el ministerio se había basado para calcular el volumen de agua ofertado; la necesidad de incentivar el ahorro y frenar la demanda; la prevención de la contaminación de agua en origen, que está haciendo que desechemos gran parte de los recursos hídricos existentes de las cuencas mediterráneas y su preocupación por los aportes de nuevos caudales por medio de desalación.

Sin embargo, el programa A.G.U.A. recoge íntegramente las actuaciones expuestas en el Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio. Sería necesario plantear estrategias y políticas encaminadas a solventar los problemas de escasez y utilización racional del agua en todo el territorio nacional, estudiando la necesidades reales de la misma. El programa presentado por el Gobierno, apuesta en más de un 50% en la desalación, y debería evaluar previamente qué medidas se pueden tomar para mejorar el ahorro y la eficiencia en la gestión del agua. La desalación sólo debe usarse para consumo humano y en casos donde ninguna otra solución sea posible.

La oferta de caudales propuestas en el trasvase y ahora en el nuevo proyecto del actual Gobierno es en buena parte consecuencia de la desinformación existente referente al agua en nuestro país. “Es preocupante la falta de datos y baile de cifras según quien y para que se manejen. Tener datos fiables y contrastados del agua necesaria permitiría, tanto a las administraciones como usuarios, abordar el problema desde la base. Por ello, es fundamental conocer los niveles de consumo de las diferentes actividades y las demandas reales de todos los sectores implicados en el consumo de agua”, ha afirmado Julio Barea, responsable de la Campaña de Aguas de Greenpeace.

El programa del Ministerio de Medio Ambiente debería evaluar y ejecutar en primer lugar las medidas encaminadas a mejorar el ahorro y la eficiencia en la gestión del agua, y no apostar tan claramente por la construcción de nuevas plantas desaladoras. Ello pasaría también por el control de los regadíos ilegales, la mejora de los canales y redes de distribución de agua (que actualmente presentan pérdidas de más del 30%), el fomento de la reutilización de aguas residuales para riegos y una política de precios del agua que fomente el ahorro.