Se ha aprobado el plan de asignación de emisiones de CO2

Así mismo, los ecologistas ven con buenos ojos incorporar la cogeneración, así como la asignación del 50% de los derechos reservados a nuevos entrantes para estas instalaciones, dentro del PNA aunque critican que haya supuesto un ligero aumento del total de los derechos de emisión concedidos ya que consideran que debería haber supuesto una reducción de los derechos concedidos al sector de generación de electricidad.

Entre otros aspectos, Greenpeace valora positivamente que no se destinen fondos públicos para subvencionar a la empresa privada la compra de derechos de emisión, que no se permita la agrupación de instalaciones (“pooling”) en el sector eléctrico así como que no se permita el arrastre de derechos (“banking”) asignados para el 2005-2007 al período de obligatorio cumplimiento 2008-2012.

“Es la primera vez que un Gobierno propone un plan coherente con el cumplimiento de Kioto por parte de España y, aunque podía haber sido más ambicioso, es urgente que se ponga en marcha” -ha declarado Emilio Rull, responsable de cambio climático de Greenpeace- “El PNA marca el cambio de tendencia y debe interpretarse como un freno al crecimiento insostenible, y como primer paso hacia la urgente y necesaria reducción de emisiones”.

Greenpeace considera que la reducción de emisiones debería iniciarse con anterioridad a 2008, para hacerse más gradual. Según los ecologistas, es posible lograr una mayor reducción de emisiones, por lo que el plan debería haber sido más exigente para que esas emisiones se reduzcan con medidas dentro del país, tanto en los sectores de la Directiva como en los de no Directiva, para lograr el objetivo de Kioto (+15%) sin depender de los mecanismos de flexibilidad ni de los sumideros.

En este sentido, Greenpeace opina que el sector eléctrico debería haber recibido una asignación menor siendo la asignación a las centrales térmicas proporcional a la electricidad generada y no a sus emisiones; de lo contrario, se podría favorecer al carbón, que es el combustible más contaminante. De todas maneras, el PNA reparte los derechos de emisión hasta el 2007 y los ecologistas esperan que los derechos que se asignen para el período de obligatorio cumplimiento de Kioto (2008-2012) sean más exigentes.

Una vez dado el paso de la aprobación del PNA, los ecologistas piden al Gobierno que se siga avanzando en esta línea proponiendo una serie de medidas a llevar a cabo para ayudar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estas medidas cabe destacar:

• Consolidar el sistema de primas a las renovables y aprobar una Ley General de Energías Renovables.
• Dentro del Plan de Acción 2004-2007 sobre eficiencia energética, deben tener un papel destacado los programas de gestión de la demanda eléctrica, e incorporar todas las medidas incluidas en la Estrategia Española para el Cumplimiento del Protocolo de Kioto que ya se aprobó.
• Asegurar que “mecanismos de Kioto” se usan únicamente en proyectos de renovables y eficiencia energética.
• Es urgente una reforma fiscal para gravar el derroche de energía e incentivar su uso eficiente y las energías renovables.
  
• Revisión del actual Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas.
• En el sector transporte, se necesita un Plan de Acción que incluya medidas como: vincular los programas de renovación de la flota de vehículos al cumplimiento de niveles de emisión de CO2 cada vez más estrictos, incorporar limitadores físicos de velocidad en los vehículos, y someter a evaluación ambiental estratégica el próximo Plan de Infraestructuras y del Transporte.
• Se debe prohibir el uso de HFC en aquellas aplicaciones donde existan alternativas mejores, como el sector del frío.