Un informe de Greenpeace demuestra cómo los consumidores podrían elegir electricidad limpia

Estas son las principales conclusiones del informe “Elegir electricidad limpia”, presentado hoy por Greenpeace. En el informe se detalla qué fuentes de energía se pueden considerar aceptables para producir electricidad limpia, qué criterios deberían exigir los consumidores a las comercializadoras para materializar su elección, las barreras que impiden elegir electricidad limpia aquí y ahora, y las propuestas de Greenpeace para hacerlo posible, basadas en una política de tarifas que permita la viabilidad de la comercialización de electricidad y en un etiquetado eléctrico que asegure una total transparencia.

"Si podemos elegir la composición y el origen de cualquier producto que compramos, con la electricidad debería pasar lo mismo: los consumidores tenemos derecho a elegir de dónde viene la electricidad que compramos", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la campaña de energía de Greenpeace. “Es precisamente el origen de la electricidad lo que determina su impacto ambiental, y eligiendo electricidad procedente de fuentes limpias podemos contribuir a evitar un cambio climático peligroso y a abandonar la energía nuclear”.
 
El informe define lo que Greenpeace considera electricidad limpia, que es aquella procedente de fuentes renovables (solar, eólica, minihidráulica, biomasa, geotérmica, olas) y sólo en la medida en que éstas no estén disponibles, especifica otras fuentes aceptables transitoriamente (biogás de residuos, gran hidráulica existente, cogeneración con gas natural). Además se establecen criterios ambientales para priorizar entre ellas. En todo caso, para ser considerada electricidad limpia nunca puede proceder de nuclear, carbón ni petróleo.

Según el informe, para que los consumidores puedan elegir electricidad limpia las empresas comercializadoras deberían contratar directamente con los productores, mediante “contratos bilaterales físicos”, la energía que demandan, asegurando de esta forma que el flujo del dinero que pagan por la energía consumida va sólo a los productores elegidos por el consumidor.

Greenpeace establece cuatro criterios imprescindibles para que la oferta de electricidad limpia sea real:

a) que el origen de la electricidad sea limpio exclusivamente;

b) que tenga un efecto ambiental positivo, asegurando que antes de cinco años cada consumidor sea suministrado con centrales nuevas;

c) que en todo momento la demanda de los consumidores esté cubierta con generación limpia y;

d) que exista absoluta transparencia en cuanto al origen, precios e impacto ambiental de la electricidad suministrada.

Además, otros seis criterios permitirían valorar unas ofertas frente a otras, en caso de existir: que las garantías de origen acompañen siempre a la electricidad, que el precio refleje los verdaderos costes, que las empresas se dediquen exclusivamente a suministrar energía limpia, que la electricidad limpia esté disponible para todo el que lo solicite, que los consumidores puedan participar en las decisiones sobre el destino de los recursos obtenidos y que exista un compromiso con el ahorro y eficiencia, ayudando a los clientes a consumir menos.

Sin embargo, actualmente en nuestro país no es posible elegir electricidad limpia, debido a que los precios de la electricidad que se aplican al consumidor (tarifa integral fijada por el Gobierno) no se corresponde con los precios del mercado de la energía, haciendo inviable toda actividad de comercialización. Esto se agrava al permitir que en la práctica empresas pertenecientes a los mismos grupos realicen actividades incompatibles, con lo que las grandes eléctricas pueden ejercer una competencia desleal con las independientes. En el caso de la electricidad limpia, además, la inexistencia de una garantía de origen de toda la electricidad y de un etiquetado eléctrico, dejan al consumidor en manos del posible “engaño verde” de las eléctricas.

Para hacer posible la elección de electricidad limpia, Greenpeace pide:

•  Una tarifa que refleje los costes reales, permitiendo la viabilidad de cualquier actividad de comercialización de electricidad.
  
  
•  Una política de precios favorable al medio ambiente, promoviendo un uso más racional de la energía e internalizando los costes ambientales de las energías sucias.
  
  
•  Una separación completa de actividades entre las empresas (y grupos de empresas) que vendan la electricidad (comercializadoras) y las que la distribuyen y suministran a tarifa (distribuidoras).
  
  
•  Una garantía de origen de toda la electricidad, siempre unida a la propia electricidad en toda transacción comercial.
  
  
•  Un etiquetado eléctrico uniforme y fiable que todas las comercializadoras deban incluir con sus facturas, informando del origen e impacto ambiental de la electricidad que venden.
  
  
•  Medidas para favorecer la participación de todos los consumidores en el mercado eléctrico.