El desarrollo urbanístico de Ceuta poco a poco se va expandiendo hacia el ENP de Monte Hacho, acabando con un magnífico entorno de gran valor ambiental. De hecho, en la ladera sur de este ENP se prentenden edificar 1.313 viviendas unifamiliares. Además, se está construyendo una depuradora de aguas residuales en pleno espacio protegido.

En Melilla, el proyecto de ampliación de su puerto pretende extender una explanada de 500.000 m2 hacia el mar, lo que afectará negativamente al ENP de los Acantilados de Aguadú y su franja marina. Además, este espacio natural se encuentra cercano a importantes focos de contaminación que suponen una amenaza para su protección como el vertedero de residuos o la incineradorade la Punta del Morrillo.

"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en los ENP que Greenpeace ha analizado en su informe:

La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales.

Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria. Por ello, reclama la  puesta en marcha de las siguientes medidas:

• El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto la Administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral.
• Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.
• La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa.
• Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística.
• La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa.
• El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas.
• La creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
  
  “Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos”, concluyó Marcos.

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  El informe Destrucción a Toda Costa 2009 en su versión completa o dividido por Comunidades Autónomas está disponible en las páginas www.destruccionatodacosta.com ó www.greenpeace.es