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Atlanterra, un lugar perdido en Tarifa (Cádiz). Fotografía de Ada 
Pérez Pérez.

Atlanterra, un lugar perdido en Tarifa (Cádiz). Fotografía de Ada Pérez Pérez.

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España — La Comisión de Obras Públicas de la Junta debate hoy la viabilidad económica y ambiental de la ampliación del puerto de Tarifa, ante lo que Greenpeace recuerda al Gobierno de Andalucía que la afección de la ampliación del puerto a zonas de máxima protección del Parque del Estrecho no es conforme a derecho y por tanto no debe contar con su apoyo.

Tras un informe presentado por la Plataforma Destino Tarifa formada por ciudadanos y asociaciones que reclaman un desarrollo sostenible para su localidad, se demuestra que las promesas de creación de 2.000 puestos de trabajo son completamente falsas. De hecho sólo se crearán 211 empleos directos, como indica el propio informe de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), cifra que incluye a funcionarios, cuerpos de seguridad del Estado y de Aduanas.

La reunión de la Comisión se produce tras la presentación el pasado 4 de septiembre de una Proposición no de Ley (PNL) por parte del Partido Popular andaluz para que se impulse en el plazo más breve posible y sin demoras la ejecución de la infraestructura.

El Partido Popular defiende un informe encargado por la APBA a la Universidad de Cádiz en el que no se evalúa el daño económico real asociado al impacto ambiental ni a la pérdida de negocio de las empresas de buceo, de avistamiento de cetáceos y turísticas ya existentes. “La ampliación del puerto supondrá un grave impacto ambiental en el entorno del Parque Natural del Estrecho, protegido por normativa ambiental andaluza, nacional e internacional, como así lo reflejan los propios informes de la Consejería de Pesca y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”, ha declarado Pilar Marcos responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace España.

 

 

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