Greenpeace ha presentado hoy en rueda de prensa el informe Destrucción
a toda costa 2006 en el que analiza el estado del litoral. El informe
repasa las principales amenazas, destacando la saturación urbanística,
el aumento del número de campos de golf, los numerosos casos de
corrupción asociados al urbanismo, el incremento de nuevos puertos
deportivos y los graves problemas de contaminación debido a la escasa
depuración de las aguas residuales.
Los datos analizados del último año reflejan una falta de acción
política para proteger de forma efectiva el litoral a pesar del amplio
consenso entre la ciudadanía sobre el alto grado de degradación de
nuestro entorno costero.
Principales cifras recopiladas este año en el informe para todo el Estado:
- 1.479.000 nuevas viviendas;
- 303 nuevos campos de golf;
- 102 casos de corrupción urbanística investigados o sentencias contrarias a la urbanización;
- 116 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de estos, con capacidad para 42.337 embarcaciones;
- 99 localidades con vertidos contaminantes en su litoral.
Del análisis de las principales variables analizadas cabe señalar a la
Comunidad Valenciana y a Andalucía como aquéllas que menos cuidan su
litoral, especialmente en lo referido a la construcción de nuevas
viviendas, campos de golf y puertos deportivos. A continuación se sitúa
la Región de Murcia que, a pesar de presentar menos proyectos, añade
una característica muy preocupante: la agresión a los espacios
naturales protegidos. Después se situaría Galicia, con un enorme número
de proyectos surgidos este año que amenazan con desfigurar
completamente su costa. Del resto de comunidades autónomas, Cantabria,
Baleares y Canarias albergan una cifra menor de agresiones, aunque
muchas de ellas supondrán un grave deterioro de su litoral. Asturias,
con menos “puntos negros”, destaca por la elevada cantidad de proyectos
urbanísticos investigados por la justicia. Por último, Cataluña y
Euskadi acumulan menos amenazas y ambas destacan por las medidas
positivas para su litoral reflejadas en sus legislaciones.
En el informe Destrucción a Toda Costa 2006 Greenpeace analiza los mayores problemas del litoral en la REGIÓN DE MURCIA:
La Región de Murcia registra más licencias de edificación que la
Comunidad de Madrid, pese a tener una cuarta parte de población. Los
proyectos de urbanización conocidos este año suman más de 300.000
viviendas y más de 30 campos de golf, pero algunas previsiones llegan
hasta las 800.000 residencias, duplicando o incluso triplicando la
población actual de la región.
Los planes de urbanización se ven auspiciados por la normativa de
ordenación del territorio y ambiental que ha ido desarrollando el
Gobierno regional durante los últimos años. La Ley del Suelo de 2001
considera urbanizable todo el territorio que no esté estrictamente
preservado. La Disposición adicional octava de esta Ley, denunciada
ante el Tribunal Constitucional, desprotegió y recalificó como
urbanizables 15.000 hectáreas clasificadas como espacios naturales
protegidos y es allí donde se ubican algunos de los proyectos más
monstruosos de todo el litoral español, como el proyecto de interés
regional Marina de Cope. Por otra parte, las Directrices de Ordenación
del Litoral, también llevadas ante los tribunales, destinan 85.849
hectáreas para su urbanización. Greenpeace considera imprescindible una
revisión de ambas normativas y la declaración de una moratoria sobre
todos los planes urbanísticos hasta que concluya dicha revisión.
Siete de sus municipios crecerán más del 50% entre 2005 y 2014: Alhama
de Murcia (121%), Águilas (84,5%), Los Alcázares (79,7%), Santomera
(69,7%), Abarán (64,2%) y San Javier (51,1%). Los mayores proyectos
urbanísticos se reparten tanto por el litoral como en el interior de la
región. Así, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la
ciudad de Murcia autoriza la construcción de 120.000 viviendas y 14
campos de golf; Alhama de Murcia ha planteado la construcción de 28.000
viviendas y 6 campos de golf; el proyecto Marina de Cope en los
municipios de Águilas y Lorca, plantea 11.000 viviendas, 24 hoteles, 5
campos de golf y una marina deportiva con 1.100 amarres; en el Valle de
Ricote se han recalificado más de 30 millones de metros cuadrados para
construir 65.000 viviendas y una decena de campos de golf; por su
parte, el Ayuntamiento de Lorca ha aprobado la construcción de 35.000
viviendas.
Los casos de corrupción urbanística o sentencias contrarias a la
urbanización se repiten en el litoral. Las instituciones de justicia
investigan en la actualidad un centenar de casos que involucran a
alcaldes y concejales de todos los colores políticos. La Comunidad
Valenciana tiene 30 causas abiertas. La siguiente en número de casos
conocidos es Andalucía, con 21 causas abiertas y más de 70.000
viviendas ilegales repartidas por su litoral. A continuación se sitúan
Asturias, con 17, y la Región de Murcia, con una decena de proyectos
investigados.
Los casos de corrupción asociados a la urbanización han salpicado este
último año a varias administraciones municipales e incluso al Gobierno
regional. El alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, ha sido denunciado por
falsedad en documento público y prevaricación. El alcalde de Los
Alcázares, Juan Escudero y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, se
enfrentan a acusaciones de prevaricación, fraude a ente público y
falsedad de documentos en casos relacionados con Juan Antonio Roca, el
ex asesor de urbanismo de Marbella. El alcade de Águilas, Juan Ramírez
Soto, el Director General de Calidad Ambiental de la Consejería de
Industria y Medio Ambiente, Antonio Alvarado, y el ex consejero de
Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués, son sospechosos de
corrupción por la recalificación de los terrenos de La Zerrichera, un
área calificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
protegida por la Unión Europea. En la ciudad de Murcia, las
investigaciones de corrupción apuntan al jefe del planeamiento
urbanístico del ayuntamiento, Joaquín Peñalver. Por otra parte, el
proyecto “Nueva Condomina” para construir 19.000 viviendas incluye la
recalificación de unos terrenos a la cooperativa Novel Stamp, fundada
por el concejal de Urbanismo, Fernando Berberana, que votó a favor de
la recalificación. También se ha sabido este año que el alcalde de San
Javier, José Hernández, es socio de varios empresarios a los que ha
favorecido en la adjudicación de proyectos de urbanización. Hernández
está denunciado por haber concedido licencia a la urbanización Las
Góndolas (La Manga) a pesar que que la obra no está incluida en el
planeamiento urbanístico municipal.
Las cifras del turismo en la Región de Murcia van en alza, y eso es lo
único que parece importar ya que los costes ambientales que acarrea el
consumo insostenible de recursos como el agua, el suelo o la energía no
se tienen en cuenta a la hora de aprobar los proyectos. En este
litoral, el turismo es sinónimo de urbanismo, y los espacios naturales
son concebidos como un complemento turístico, despojándoles de su valor
real. Durante la estancia de Francisco Marqués, ya ex consejero, al
frente de Medio Ambiente, esta región ha vivido una sucesión de
atropellos a los espacios naturales protegidos, muchos de los cuales se
encuentran en los tribunales. Greenpeace considera indispensable la
creación de una Consejería de Medio Ambiente que trabaje y defienda el
patrimonio ambiental de la Región de Murcia.
El Ministerio de Medio Ambiente debería ser el primero en defender la
riqueza ambiental del litoral de la Región de Murcia, sin embargo,
obras como la desaladora de Valdelentisco, junto a Isla Plana en
Cartagena, evidencian desprecio por los espacios naturales. El
proyecto, cofinanciado con fondos europeos, se sitúa dentro del espacio
protegido La Muela-Cabo Tiñoso. Además, el emisario submarino previsto
para evacuar los residuos de la desaladora se situará a un kilómetro de
las últimas áreas de Posidonia oceanica en buen estado de la bahía de
Mazarrón.
Greenpeace junto a la asociación ANSE ha solicitado al Gobierno
regional una moratoria a la creación de nuevos puertos deportivos en el
litoral de la Región de Murcia hasta que no se haya aprobado un Plan de
Puertos que cuente con el consenso de todas las administraciones y
agentes con competencias e intereses en esta materia. De momento, se
conocen cinco proyectos para dar cabida a 4.790 amarres: el de Santa
Elena (Cartagena) con 500 amarres destruirá la desembocadura de la
rambla del Cañar; el de Casica Verde (Águilas) con 840 amarres, se
sitúa dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Franja Litoral
Sumergida de la Región de Murcia; la ampliación del puerto deportivo de
San Pedro del Pinatar afecta directamente a la playa de La Llana; por
último, las obras de construcción de Puerto Mayor, en la salida de uno
de los canales de renovación del Mar Menor, se encuentra en los
tribunales debido a las ilegalidades que acumula, aunque este dato no
parece importar al Gobierno regional, que trata de llegar a un acuerdo
con el Ministerio de Medio Ambiente para sacarlo adelante.
Los mayores problemas de contaminación de todo el litoral
murciano se concentran en el Mar Menor y su entorno, donde las
depuradoras existentes son completamente insuficientes.
Puntos negros de la Región de Murcia
1.Cieza (interior). Recalificación de 20 millones de m2 para su
urbanización. La Fiscalía investiga irregularidades urbanísticas. El
alcalde está acusado de prevaricación y falsedad en documento público.
2.Valle de Ricote (interior): construcción de 62.000 viviendas.
3.Murcia (interior): 120.000 viviendas y 14 campos de golf. La Fiscalía investiga irregularidades urbanísticas.
4.San Pedro del Pinatar: la Fiscalía investiga irregularidades
urbanísticas. Ampliación del puerto deportivo y la carretera que
atraviesa el parque regional.
5.San Javier: crecimiento urbanístico del 51,7%. La Fiscalía investiga
irregularidades urbanísticas. Puerto deportivo Puerto Mayor paralizado
por la justicia aunque el Gobierno regional trata de regularizarlo.
6.Los Alcázares: crecimiento urbanístico del 79,7%. La Fiscalía
investiga irregularidades urbanísticas. Dos querellas contra el alcalde
por falsedad en documento público, prevaricación y fraude a ente
público. Campo de golf “Torre del Rame”: expediente por riego con agua
de pozo. Depuración insuficiente de sus aguas residuales.
7.Alhama de Murcia (interior): 28.000 viviendas y 6 campos de golf.
8.La Manga: construcción en el tramo Norte. Recibe vertidos de aguas residuales sin depurar.
9.La Unión: la Fiscalía investiga irregularidades urbanísticas.
10.Cartagena. Urbanización “Novo Carthago”: 12.000 viviendas.
Urbanización “Lo Poyo”: 7.000 viviendas y hoteles. Desaladora de
Valdelentisco en LIC.
11.La Azohía: puerto deportivo Santa Elena.
12.Mazarrón: la Fiscalía investiga irregularidades urbanísticas.
13.Lorca: construcción de 35.000 viviendas.
14.Águilas: la Fiscalía investiga irregularidades urbanísticas.
Urbanización de La Zerrichera (ahora paralizada). Marina de Cope
(Águilas y Lorca): 11.000 viviendas, 24 hoteles, 5 campos de golf y
puerto deportivo. Puerto deportivo Casica Verde.
